La justicia en el departamento de Beni ha dictaminado sentencias condenatorias contra dos individuos por delitos de índole sexual perpetrados en la ci
La justicia en el departamento de Beni ha dictaminado sentencias condenatorias contra dos individuos por delitos de índole sexual perpetrados en la ciudad de Trinidad. El Ministerio Público logró establecer la culpabilidad de los acusados mediante la presentación de pruebas irrefutables en tres casos separados.
Ricardo R. G., de 50 años de edad, fue sentenciado a 15 años de reclusión por la agresión sexual de una mujer de 31 años. Por otro lado, Wilder N. J., de 21 años, recibió una pena de 20 años de prisión por la violación de dos menores, una de 10 y otra de 13 años.
Estas resoluciones judiciales fueron alcanzadas a través de procedimientos abreviados ante el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia N°2 de la capital beniana.
Durante las audiencias, se desplegó un conjunto de pruebas determinantes que incluyeron informes de acción directa, actas de denuncia, certificados médicos forenses, valoraciones psicológicas, declaraciones recabadas en la Cámara Gesell, registros detallados del lugar de los hechos y el informe ginecológico emitido por el hospital materno infantil. Todos estos elementos fueron meticulosamente evaluados por los miembros del Tribunal para fundamentar las sentencias.
La investigación reveló que el incidente que llevó a la condena de Ricardo R. G. ocurrió el 12 de octubre del año en curso. Una mujer de 31 años fue víctima de agresión sexual por parte de su cuñado, quien la amenazó con una soga. La afectada logró escapar y denunciar el suceso ante las autoridades, lo que permitió el inicio de las pesquisas y la posterior condena.
En cuanto a Wilder N. J., los delitos se remontan a hechos ocurridos entre 2018 y 2021. La primera víctima, una niña de 10 años, sufrió abuso sexual en noviembre de 2018. El crimen salió a la luz cuando la menor fue llevada a un centro médico por su padre para un procedimiento rutinario, momento en el que un examen reveló un embarazo producto de la agresión. Fue entonces cuando la víctima identificó al agresor.
La segunda víctima, una adolescente de 13 años, fue agredida en enero de 2021. La madre presentó la denuncia al descubrir que su hija estaba embarazada de cuatro meses y que mantenía una relación con el agresor, quien era su vecino. Una nota dejada por la menor, expresando su deseo de estar con él por amor, motivó a la familia a iniciar las acciones legales correspondientes.
El Ministerio Público subrayó que ambos fallos son el resultado de una investigación exhaustiva y de la aplicación de mecanismos especializados de protección y recolección de pruebas para víctimas de delitos sexuales, como la Cámara Gesell. Estos casos reflejan el compromiso institucional de la Fiscalía con la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y con la incansable búsqueda de justicia para quienes han padecido violencia sexual
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