Recojo de basura en Tarija peligra Alcalde Montes exige acuerdo con Setar para evitar crisis sanitaria

La administración regional, a través del gobernador Óscar Montes, ha abordado el persistente desacuerdo en torno a la recaudación de tarifas por los servicios de gestión de residuos. Esta función, durante un considerable periodo, ha sido tradicionalmente gestionada por la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar).

El gobernador Montes ha insistido en que la responsabilidad principal para la resolución de este asunto recae en el gobierno municipal. Subrayó que diversos documentos legales y fallos judiciales establecen claramente la obligación de la administración local de gestionar los cobros por la recolección de basura, ya sea directamente o mediante la contratación de un tercero.

En su búsqueda de una solución, el mandatario delineó varias opciones. Una de ellas implicaría que la Alcaldía asumiera directamente la tarea de cobro, aprovechando sus capacidades operativas existentes. Otra propuesta contemplaba un esquema de facturación paralela, donde los usuarios recibirían recibos separados tanto de Setar como de Emat, con la flexibilidad de liquidar ambos pagos de forma simultánea o secuencial. Una tercera alternativa consideraba la inclusión del cargo por recolección de residuos directamente en la factura de electricidad de Setar. Sin embargo, Montes expresó cautela ante esta última opción, señalando la posibilidad de que se generen costos desproporcionados para algunos consumidores, donde la tarifa de basura podría superar significativamente el monto del consumo eléctrico.

Históricamente, la colaboración entre Emat y Setar ha resultado mutuamente beneficiosa. El mecanismo de vinculación del pago al suministro eléctrico demostró ser altamente efectivo, garantizando a Setar la percepción oportuna de los ingresos correspondientes a los servicios municipales. No obstante, hasta el momento, no se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Si bien ciertas figuras políticas, incluido el gobernador Montes, han sugerido motivaciones políticas detrás de este estancamiento, la realidad inminente es el riesgo que corre la prestación de un servicio esencial, lo que amenaza directamente la salud pública debido a una cuestión de índole burocrática