La reciente elección de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia marca el inicio de un período de transformación política en la nación andina, cuya magn
La reciente elección de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia marca el inicio de un período de transformación política en la nación andina, cuya magnitud aún se perfila. Los resultados de la segunda vuelta presidencial, con Paz obteniendo el 54,5% de los votos frente al 45,5% de su contendiente, Jorge Quiroga, ponen fin a dos décadas de predominio del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Rodrigo Paz, figura centrista del Partido Demócrata Cristiano, se presentó como la opción más moderada en esta contienda electoral. No obstante, sus propuestas delinean un cambio significativo respecto a las políticas implementadas en Bolivia durante los últimos veinte años. Con 58 años de edad, Paz cuenta con una extensa trayectoria política, habiendo servido como senador, alcalde de Tarija entre 2010 y 2020, y previamente como diputado. Su formación académica incluye estudios de economía, relaciones internacionales y gestión pública en Estados Unidos.
Su victoria en las urnas sorprendió a muchos, dado que logró acceder a la segunda vuelta en agosto con la mayor proporción de votos válidos y superó las proyecciones de algunas encuestas, gracias al respaldo crucial de sectores de clase media y baja. Este apoyo se gestó en parte por la desilusión de un segmento de la población con el MAS, partido que transformó radicalmente el panorama político boliviano con la llegada de Evo Morales, el primer presidente indígena del país, en 2006. La fuerza de izquierda mantuvo su influencia con una breve interrupción en 2019, tras la salida de Morales en medio de una crisis política, y el posterior triunfo de Luis Arce en 2020. Sin embargo, en los últimos años, el MAS experimentó un debilitamiento por disputas internas entre Morales y Arce, sumado a un deterioro económico que llevó a Bolivia a su primera recesión en cuatro décadas, lo que se reflejó en un escaso 3% de los votos en la primera vuelta de la reciente elección.
Este proceso electoral se erige, por tanto, como un momento decisivo para Bolivia, con una segunda vuelta protagonizada por dos candidatos vinculados a la élite tradicional que Morales había desafiado. Paz, hijo y sobrino nieto de expresidentes, nació en España durante el exilio de su padre, Jaime Paz Zamora, quien regresó a Bolivia tras el fin de una dictadura militar y gobernó entre 1989 y 1993. Es evidente que la mayoría de los bolivianos expresaron un deseo de un nuevo rumbo para el país.
El plan de gobierno del presidente electo se articula en torno a varias líneas de acción fundamentales.
Una de las principales banderas de la campaña de Paz fue la promoción de un capitalismo para todos. Esta visión económica incluye la reducción de cargas tributarias y aranceles, la facilitación del acceso a créditos y la adopción de un sistema de banda cambiaria con máximos y mínimos. Paz ha descrito esta propuesta como una vía para generar recursos para la ciudadanía, asegurar la estabilidad de precios y establecer reglas claras para la producción, con un Estado que actúe como facilitador. Este enfoque contrasta marcadamente con el modelo socialista impulsado por los gobiernos del MAS, caracterizado por una mayor intervención estatal en la economía y medidas nacionalistas. Expertos en economía política señalan que se transitará de un capitalismo de Estado y de camarilla hacia una economía abierta que fomente la inversión privada y extranjera, reconociendo que la población boliviana, incluyendo comunidades como la aymara y quechua, valora el mercado y la acumulación.
No obstante, la implementación de estas medidas plantea interrogantes, especialmente ante un déficit fiscal cercano al 10% del PIB que Paz se ha propuesto reducir. El presidente electo ha descartado el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, una opción que su oponente había considerado. En su lugar, Paz confía en que los recursos estatales son suficientes si se erradica la corrupción, y anticipa el uso de créditos por más de 3.500 millones de dólares ya aprobados por organismos multilaterales, que el gobierno saliente no utilizó por ineficiencia. También ha anunciado la eliminación de los subsidios a los combustibles, con la excepción de aquellos destinados a los sectores más vulnerables. Estos subsidios, que caracterizaron la administración del MAS y ascendieron a 2.000 millones de dólares el año pasado, son considerados insostenibles debido a los problemas fiscales del país y la actual escasez de hidrocarburos. Sin embargo, un recorte de estas subvenciones podría desencadenar un aumento inflacionario y malestar social, como ocurrió en 2010 cuando un intento similar por parte del gobierno de Morales provocó fuertes protestas y una eventual marcha atrás. La nueva dirigencia de la Central Obrera Boliviana ya ha manifestado su rechazo a cualquier modificación o eliminación de la subvención a los hidrocarburos. Ante la posibilidad de protestas callejeras, Paz deberá asegurar un sólido respaldo a sus reformas en un Congreso fragmentado, donde carece de mayorías.
Otro pilar de la propuesta de Paz es la descentralización de los recursos públicos. Su Agenda 50/50 busca una distribución equitativa del presupuesto nacional, otorgando el 50% al Estado central y el otro 50% a las regiones y universidades públicas, en contraste con la situación actual donde el Estado central concentra más del 80% del total. Paz ha enfatizado que esta agenda representa un presupuesto en colaboración con las regiones. A pesar de que la autonomía regional fue consagrada en la Constitución y en leyes durante los gobiernos del MAS, su plena implementación nunca se materializó en la práctica, según expertos. Se argumenta que regímenes con amplias mayorías parlamentarias y liderazgos personalistas tienden a resistirse a la descentralización del poder. Sin embargo, Paz, al verse en la necesidad de negociar con gobernaciones y alcaldías para asegurar la gobernabilidad, podría verse impulsado a concretar esta descentralización. Analistas políticos en La Paz señalan que la Agenda 50/50 responde, en parte, a las demandas del oriente boliviano, una región clave para la economía del país, aunque advierten que su implementación no estará exenta de conflictos. Además, Paz ha prometido descentralizar a la policía, designando a su vicepresidente, Edman Lara, un exoficial de esa fuerza que ha denunciado corrupción interna y protagonizado declaraciones controvertidas durante la campaña, como figura clave para esta reforma.
Finalmente, el presidente electo ha planteado una serie de medidas que implican una reforma estructural del Estado boliviano. Su programa contempla la congelación de actividades de empresas públicas con déficits operativos, la implementación de un sistema digital para las compras estatales y el fortalecimiento de los controles anticorrupción. Paz ha prometido recortar beneficios a políticos y desmantelar un Estado tranca, afirmando que el país destina más de 1.300 millones de dólares a gastos superfluos. Su intención de impulsar una reforma judicial sugiere un posible esfuerzo por eliminar la elección popular de jueces, un mecanismo que, según analistas, ha politizado el sistema. No obstante, estas reformas, al igual que otras planteadas por el presidente electo, requerirían modificaciones constitucionales y un amplio respaldo legislativo.
La elección en Bolivia presagia un cambio de era, cuya sostenibilidad aún está por verse. Algunas de las propuestas de Paz son consideradas drásticas, mientras que la metodología para implementar otras aún no ha sido completamente detallada, lo que añade un elemento de incertidumbre al futuro político del país
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