Dos individuos implicados en el homicidio del subteniente policial Carlos Enrique Apata Tola fueron remitidos a prisión preventiva, conforme a la reso
Dos individuos implicados en el homicidio del subteniente policial Carlos Enrique Apata Tola fueron remitidos a prisión preventiva, conforme a la resolución de una audiencia cautelar celebrada recientemente.
El fatal desenlace que cobró la vida del oficial Apata Tola ocurrió el 11 de junio, en medio de los intensos bloqueos que afectaron la localidad de Llallagua, al norte de Potosí. Estos disturbios fueron impulsados por facciones vinculadas a la figura de Evo Morales.
La autoridad judicial competente dictaminó seis meses de detención preventiva para Felipe M., quien será internado en el penal de Cantumarca, mientras que César U. deberá cumplir cuatro meses en el penal de San Miguel de Uncía. Ambos sujetos enfrentan cargos por asesinato, tenencia y porte de explosivos, así como lesiones graves y gravísimas.
Con la aprehensión de estas dos personas, plenamente identificadas durante el curso de las indagaciones, el número de detenidos en relación con los violentos acontecimientos se eleva a veintiuno. Las autoridades han indicado que aún existen órdenes de aprehensión pendientes, cuya ejecución se llevará a cabo en los próximos días.
Estos incidentes forman parte de las investigaciones abiertas a raíz de las interrupciones viales promovidas por sectores afines al exmandatario, que desencadenaron una serie de confrontaciones con las fuerzas del orden. El balance de estas jornadas de conflicto es trágico: siete personas fallecidas –cuatro efectivos policiales y tres civiles– y más de doscientos heridos.
La prolongada interrupción de las vías generó una severa crisis de abastecimiento en Llallagua y sus alrededores. Hospitales y mercados se vieron desprovistos de alimentos e insumos médicos esenciales, afectando gravemente a la población.
El subteniente Carlos Apata fue asesinado durante los ataques registrados cuando un contingente policial intentaba despejar la carretera principal con el fin de restablecer el suministro de bienes básicos y la atención sanitaria. Los efectivos fueron blanco de agresiones con artefactos caseros, proyectiles de piedra y explosivos, resultando en la muerte del oficial y heridas a varios de sus compañeros.
Las pesquisas han determinado que se trató de un asalto directo y premeditado, cuyo objetivo era obstaculizar la labor policial y mantener las vías bloqueadas. Existe un firme compromiso por parte de las instituciones encargadas de la justicia para asegurar que este delito no quede impune.
Las operaciones para identificar a otros presuntos autores materiales e intelectuales del crimen continúan activas, y no se descartan nuevas imputaciones en el futuro cercano
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