Senadores se unen por balotaje tras frustrado intento de boicot en el Congreso

Las instituciones fundamentales del Estado boliviano y diversas misiones de observación internacional han reafirmado su compromiso con el proceso democrático, a pocos días de la segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente. Este respaldo unificado surge tras una fallida iniciativa legislativa que buscaba destituir a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y extender el mandato del actual presidente, Luis Arce, cuyo periodo constitucional concluye el 8 de noviembre. El propio mandatario ha garantizado que su gestión finalizará en los plazos establecidos por la ley.

La propuesta, impulsada por el senador Pedro Benjamín Vargas, fue introducida de manera sorpresiva en el Senado mediante una dispensa de trámite, contando con el apoyo de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y una facción minoritaria de Comunidad Ciudadana. Sin embargo, la rápida y contundente condena de diversas entidades y figuras políticas forzó su retiro antes de que pudiera ser debatida en el pleno.

Esta maniobra política se gestó en un contexto de profundas divisiones internas dentro del MAS, que actualmente se fragmenta en corrientes como los arcistas, evistas y androniquistas. El senador Vargas, cercano a Andrónico Rodríguez, había previamente presentado una propuesta similar que ya había sido retirada, lo que generó confusión y aumentó las tensiones políticas.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se desmarcó de la iniciativa, calificándola como una propuesta individual y no una decisión colectiva de la presidencia o de la cámara. El episodio desencadenó un acalorado debate en el hemiciclo, donde siete senadores expresaron su enérgica censura a la propuesta. Finalmente, Vargas retiró su solicitud de dispensa y el proyecto fue remitido a la Comisión de Constitución para su análisis.

Paralelamente, el Órgano Judicial ha experimentado una inédita confrontación interna sobre la autonomía y la legitimidad del actual ciclo electoral, que se encamina hacia una nueva fase política tras los resultados de la primera vuelta.

Desde el Tribunal Supremo Electoral, el vocal Gustavo Ávila enfatizó que cualquier intento de suspender el balotaje constituye un ataque directo a la voluntad popular manifestada el 17 de agosto, cuando la mayoría de los votantes optó por una segunda vuelta entre Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Subrayó la obligación del Órgano Electoral de asegurar que el 19 de octubre más de 7.5 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho a elegir a sus nuevas autoridades.

Por su parte, el vocal Francisco Vargas resaltó la decisión del Ministerio Público de desestimar dos denuncias por presunto fraude electoral, al no encontrar indicios de irregularidades en ninguna de ellas. Afirmó la transparencia del trabajo del TSE, señalando que los resultados de la primera vuelta son consistentes con el sistema de transmisión de datos preliminares (Sirepre), el cómputo oficial y las encuestas a boca de urna, y que no se registraron observaciones por parte de misiones nacionales ni internacionales. Vargas reiteró que la segunda vuelta se desarrollará con total apertura, transparencia y bajo la fiscalización de los delegados políticos en las más de 34.000 mesas de votación, reafirmando el compromiso ciudadano e institucional para los comicios del 19 de octubre.

Diversos líderes políticos, tras la crisis legislativa, han coincidido en expresar su respaldo al proceso electoral y en rechazar cualquier intento de prolongar mandatos. El presidente Luis Arce, de hecho, condenó públicamente el plan de suspensión, advirtiendo sobre una conspiración dentro de la Asamblea Legislativa. Reafirmó su inquebrantable decisión de traspasar el gobierno el 8 de noviembre a quien resulte ganador en las elecciones.

El expresidente Carlos Mesa calificó la intentona como un atentado contra la democracia e instó a los senadores de Comunidad Ciudadana a defender la institucionalidad y evitar un posible caos nacional. El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga advirtió sobre una descomposición terminal del gobierno y acusó a facciones del MAS de buscar perpetuarse en el poder. Por su parte, el postulante del PDC, Rodrigo Paz, insistió en la necesidad de respetar la institucionalidad y de abordar una reforma judicial estructural desde el ámbito legislativo.

Tras el revuelo, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, sostuvo una reunión de emergencia con la Sala Plena del TSE, donde transmitió el apoyo institucional del Ejecutivo y denunció la existencia de movimientos oscuros detrás del proyecto, con el objetivo de alterar el orden democrático