El jefe adjunto de la Misión de Observación de la Unión Europea, Alexander Gray, manifestó su plena convicción en la transparencia del proceso elector
El jefe adjunto de la Misión de Observación de la Unión Europea, Alexander Gray, manifestó su plena convicción en la transparencia del proceso electoral llevado a cabo el 17 de agosto y avaló los resultados de dicha contienda, desestimando las alegaciones de un supuesto fraude. El representante europeo, quien ha acompañado el desarrollo de los comicios desde el 9 de julio, destacó que la totalidad de los actores políticos participantes en la primera vuelta habían aceptado el veredicto de las urnas. En este contexto, Gray consideró que la palabra fraude posee una gran carga, e indicó que cualquier identificación de irregularidades debería ser canalizada a través de los mecanismos formales de denuncia ya establecidos.
La misión de la Unión Europea, compuesta por más de un centenar de observadores, incluía un equipo de analistas con especialización en áreas críticas del proceso, como el marco legal, el entorno político, el análisis de datos, la tecnología electoral, y la cobertura mediática y de redes sociales.
A pesar de esta postura, el 2 de octubre, Peter Beckhauser, exaspirante a diputado, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de La Paz. Su acusación se centraba en una supuesta alteración de aproximadamente 3.600 actas correspondientes a las elecciones del 17 de agosto. Sin embargo, la fiscal Nilda Calle, el 6 de octubre, rechazó la admisión de esta querella, argumentando que no cumplía con los requisitos procesales. Se concedió a Beckhauser un plazo de cinco días para apelar esta determinación ante una instancia fiscal superior, con la advertencia de que, de no hacerlo, el caso sería archivado.
En el ámbito político, la iniciativa de Beckhauser fue interpretada como un intento deliberado de sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y de obstaculizar la celebración de la segunda vuelta, programada para el 19 de octubre. Esta percepción se vio reforzada cuando un grupo de legisladores aprovechó la denuncia para solicitar la conformación de una comisión investigadora. La diputada Samantha Nogales calificó esta acción de atroz, señalando que buscaba desconocer los resultados del 17 de agosto e impedir el balotaje. La solicitud fue objeto de un intenso debate en la madrugada del 3 de octubre durante una sesión plenaria.
Ante este escenario, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado el 3 de octubre, en el cual recordaba que tanto el desarrollo de las elecciones del 17 de agosto como la proclamación de sus resultados habían sido plenamente reconocidos por las organizaciones políticas, las misiones de observación electoral y la ciudadanía en general. El TSE alertó a la población sobre los esfuerzos por afectar la realización de la segunda vuelta mediante la interposición de denuncias sin fundamento ante el Ministerio Público, con el claro objetivo de invalidar los resultados de los comicios generales de agosto.
Cabe destacar que las diversas fases de las elecciones del 17 de agosto –desde la preparación hasta la jornada de votación y el cómputo final de las actas– estuvieron bajo la atenta supervisión de un total de trece misiones de observación, tanto internacionales como nacionales. Ninguna de estas entidades reportó irregularidades de gravedad que pudieran sugerir la existencia de un fraude electoral. Entre las misiones internacionales que participaron se encontraban la OEA, la Unión Europea, la Confederación Parlamentaria de las Américas, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Parlasur, el Parlamento Andino, el Consejo Mundial Político, la UNIORE, la Embajada de República Dominicana y el Núcleo de Estudios e Investigación en Derecho Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. A nivel nacional, la fiscalización estuvo a cargo de la Fundación Jubileo, la Red Observa Bolivia y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
COMMENTS