Inspección vehicular ambiental bajo escrutinio piden su abrogación denuncian preferencias políticas

La implementación de una nueva normativa de control vehicular ambiental en Cochabamba ha generado extensas aglomeraciones desde las primeras horas del día en el único punto de inspección habilitado por la municipalidad. Esta medida ha provocado el descontento de numerosos propietarios de vehículos, quienes denuncian una supuesta discriminación, señalando una preferencia hacia el sector del transporte público y federado, el cual está exento del pago de setenta bolivianos por el proceso de control y certificación. Ante esta situación, han surgido demandas para la derogación de la normativa.

La exención del pago también aplica a los vehículos modelo 2023, 2024 y 2025. Por tanto, la inspección es obligatoria para los modelos 2022 y anteriores.

Portavoces municipales explicaron que la Ley Municipal 1473, que aprueba la Gestión en la Prevención, Reducción y Control de Contaminación Atmosférica, fue promulgada en junio de 2024, y su reglamentación en diciembre del mismo año. Se afirmó que la ley se enmarca en los principios medioambientales establecidos en la Constitución Política del Estado. Además, se indicó que esta legislación responde a un requerimiento de la Contraloría General del Estado, que, a través de informes, ha instado a varios municipios del eje troncal de Cochabamba a adoptar acciones concretas frente a los desafíos ambientales.

El propósito central de esta iniciativa es reducir la contaminación atmosférica generada por los vehículos. Sin embargo, estos argumentos no han sido suficientes para los propietarios de automóviles particulares, quienes expresan su descontento por la necesidad de someterse a una inspección adicional por parte de la Alcaldía, además de la revisión técnica vehicular a cargo de la Policía, y abonar un monto que el transporte masivo no pagará.

Representantes del Concejo Municipal recordaron la existencia de los mandatos de la Contraloría, que datan de 2014 y 2022. Respecto a la liberación del pago para los transportistas, se explicó que se llevó a cabo un proceso de socialización con este sector, resultando en actas de compromiso donde se obligan a mejorar sus vehículos. Esta medida excepcional se justifica por el uso intensivo de sus unidades y el servicio que brindan a la comunidad, así como por el incremento en los costos de repuestos. A pesar de la exención del pago, el transporte público sí debe someterse a la inspección vehicular ambiental, dadas las revisiones y ajustes necesarios para obtener la calificación y certificación. Se considera que estas variables fueron determinantes para liberarlos de la tarifa.

El costo establecido para esta verificación es de setenta bolivianos, correspondiente a un periodo de dos años, lo que equivale a treinta y cinco bolivianos anuales. Este monto, según explicaciones de representantes del Concejo, fue definido en la reglamentación elaborada por el Ejecutivo municipal. Otra voz dentro del Concejo ha enfatizado que la discusión debe ir más allá del monto, centrándose en el propósito fundamental de la ley: controlar y prevenir la contaminación, especialmente ante los niveles de polución atmosférica reportados en la ciudad. El informe de la Contraloría General del Estado, al que se hace referencia, subraya la necesidad de que la Alcaldía de Cochabamba implemente elementos de gestión del aire para reducir las emisiones vehiculares que afectan la salud y el medioambiente, y que estas verificaciones se ejecuten conforme a las recomendaciones de auditoría.

Las autoridades municipales han fundamentado la legalidad del cobro en el Decreto Municipal 144/2019, que contempla la prestación de servicios como una fuente de ingresos no tributarios, equiparando el costo de la inspección municipal, de setenta bolivianos, con los precios de talleres privados, que oscilan entre doscientos y ochocientos bolivianos.

La certificación emitida tiene una validez de dos años y posee carácter nacional, lo que permite su reconocimiento en otras jurisdicciones o si se obtiene de manera particular. Aquellos vehículos que no logren la certificación disponen de un plazo de sesenta días para corregir las deficiencias técnicas y presentarse a una nueva revisión, la cual será gratuita.

El plazo para que los propietarios realicen la inspección ambiental de sus vehículos ha sido extendido hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, se iniciarán los operativos de control y las multas por incumplimiento ascenderán a doscientos cincuenta bolivianos. El punto de inspección se encuentra ubicado en la avenida Perú y parque Excombatientes.

A pesar de la exención del pago, las autoridades han aclarado que el transporte público no está exento de las sanciones. Una vez finalizado el plazo, se iniciarán operativos y se aplicarán multas de doscientos cincuenta bolivianos a todos los vehículos que circulen sin la certificación, incluyendo aquellos de otros municipios que transiten por la ciudad de Cochabamba.

Una concejala de la oposición ha manifestado su desacuerdo con la normativa, calificándola de inconstitucional, ilegal y discriminatoria, además de un atentado contra la economía ciudadana. Argumenta que la competencia para este tipo de inspecciones recae en el Gobierno central, lo que generaría una duplicidad de funciones. Ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para su abrogación y, en caso de rechazo, no descarta recurrir a acciones de inconstitucionalidad.

En contraste, otra voz dentro del Concejo Municipal ha sugerido la necesidad de un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas, incluyendo al Ejecutivo municipal, responsable de la reglamentación. Se ha enfatizado que toda normativa es susceptible de mejora y que se pueden buscar soluciones, como la habilitación de puntos móviles de inspección, para facilitar el proceso a la población. La administración municipal, por su parte, ha reiterado que las puertas de la Alcaldía están abiertas para establecer mesas de diálogo y perfeccionar las normas si fuera necesario, siempre en beneficio de Cochabamba