Rómer Saucedo denuncia autoprorrogados y desata remezón político

Una acusación formal ha sido interpuesta ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, dirigida contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La acción judicial atribuye a estos funcionarios los delitos de usurpación de funciones y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, conforme a los artículos 153 y 163 del Código Penal.

Este procedimiento legal representa un hito sin precedentes en la reciente trayectoria judicial del país, emergiendo en un momento de alta sensibilidad política, a escasas dos semanas de una crucial segunda vuelta electoral programada para el 19 de octubre, y a un mes de la renovación de la Asamblea Legislativa, la cual tendrá la responsabilidad de guiar la transición institucional y seleccionar a los candidatos para futuras elecciones judiciales, aún sin fecha definida.

La denuncia identifica específicamente a Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. En su fundamentación, el presidente del TSJ detalla que los magistrados fueron elegidos en diciembre de 2017 para un mandato de seis años, el cual concluyó el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, la Declaración Constitucional 49/2023, emitida el 11 de diciembre del año pasado, extendió unilateralmente sus periodos, una medida que, según la argumentación presentada, carece de respaldo constitucional, ya que la Carta Magna no contempla la prórroga de cargos electos. El escrito califica esta extensión como inconstitucional y discrecional, y subraya que los magistrados continúan ejerciendo sus funciones sin la legitimidad requerida. Como parte de sus solicitudes, se ha pedido a la Fiscalía activar alertas migratorias para los cinco magistrados señalados.

En respuesta, el presidente del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, emitió un comunicado institucional defendiendo la autonomía judicial y acusando al TSJ de ceder a presiones políticas. Manifestó que el TCP ha sido objeto de hostigamiento e intentos de influir en sus decisiones para favorecer intereses partidarios. Enfatizó el historial del Tribunal al resistir intentos de avalar la reelección indefinida, suspender los comicios de 2025 o anular la segunda vuelta electoral. Cuestionó los motivos detrás de lo que describió como un intento de descabezar al Tribunal Constitucional a dos semanas de la elección decisiva, preguntando quiénes serían los actores políticos beneficiados por una posible suspensión de la segunda vuelta. Aseguró que la institución no se involucrará en disputas públicas, pero defenderá su rol como garante del proceso electoral.

Por su parte, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó la recepción de la denuncia. Explicó que la Unidad de Análisis de la Fiscalía dispone de 24 horas para evaluar el documento y determinar si procede su admisión o rechazo, recalcando que el Ministerio Público opera con autonomía e independencia.

La postura del presidente del TSJ ha encontrado eco y respaldo dentro de otras esferas del sistema judicial. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, coincidió en que la extensión de mandatos carece de fundamento legal y transgrede el principio de temporalidad inherente al ejercicio del poder. Afirmó que la verdadera independencia judicial reside en la adhesión a la Constitución, y no en la permanencia en el cargo, instando a la recuperación de la institucionalidad en el país. Además, advirtió sobre la posibilidad de que el Órgano Legislativo cese a los magistrados mediante una ley que se encuentra en proceso de aprobación, si estos no renuncian. De manera similar, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, expresó su apoyo irrestricto a la iniciativa de Saucedo, enfatizando que la medida busca restaurar la independencia del poder judicial.

Este desarrollo ha generado una considerable agitación en el panorama político, en un contexto ya marcado por el proceso electoral. La Alianza Libre manifestó su preocupación, advirtiendo que los pronunciamientos del TSJ y otras entidades podrían comprometer el desarrollo del proceso electoral, lamentando que estas instancias promuevan acciones que podrían derivar en la suspensión de la segunda vuelta. El senador electo José Manuel Ormachea, también de Libre, denunció la existencia de una conspiración para detener la segunda vuelta, atribuyéndola a sectores del aparato judicial, el evismo y parte del gobierno, con el supuesto objetivo de perpetuarse en el poder.

En contraste, el gobernador Luis Fernando Camacho expresó su respaldo a la decisión de Saucedo y demandó la renuncia inmediata de los magistrados con mandatos extendidos, instándolos a actuar con decoro. Asimismo, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé manifestó su apoyo a la posición del TSJ, señalando que los magistrados deben cesar en sus funciones y lamentando la tardanza de diez meses en el pronunciamiento del TSJ, así como la ausencia de una postura por parte de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría