Presidentes de tribunales exigen retiro de autoprorrogados tres magistrados se suman al reclamo

Los presidentes del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, han manifestado su respaldo a la enérgica demanda formulada por Rómer Saucedo, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia. Esta exigencia categórica se dirige a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuyo mandato ha sido extendido, generando un debate sobre la legitimidad de su permanencia.

La postura inicial del presidente del Tribunal Supremo de Justicia se hizo pública con un mensaje contundente, señalando que la continuidad de estos cinco magistrados del TCP compromete seriamente la institucionalidad del país. En su declaración, Saucedo planteó una disyuntiva ineludible: los magistrados deben optar por la renuncia inmediata, dada la ausencia de legalidad y legitimidad en su actual ejercicio, o enfrentar las consecuencias de ser considerados usurpadores de la Constitución y las leyes vigentes.

Horas después de este pronunciamiento, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, expresó que el Órgano Judicial mantiene una sólida cohesión institucional. Enfatizó la urgencia de restaurar la plena institucionalidad para asegurar el respeto irrestricto a la Carta Magna y la legislación boliviana. Baptista afirmó que la posición del presidente del Tribunal Supremo de Justicia es compartida y respaldada, al considerarla un reflejo del sentir mayoritario de la ciudadanía boliviana, que ha demandado consistentemente una reforma y un cambio en la administración de justicia.

En sintonía con estas declaraciones, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, manifestó su apoyo total e incondicional a la postura de Saucedo. Méndez subrayó la trascendencia de este pronunciamiento para la integridad y credibilidad de la institucionalidad boliviana.

La solicitud de salida para los magistrados con mandato vencido también encontró eco en otras esferas. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a través de sus canales de comunicación, afirmó que estos funcionarios deben cesar en sus cargos. Asimismo, hizo un llamado a otras instituciones clave, como la Fiscalía General, la Contraloría y la Procuraduría General, para que se pronuncien sobre la situación, observando que la declaración del Tribunal Supremo de Justicia tardó diez meses en materializarse.

Desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho, en una intervención pública, criticó que la permanencia de estos magistrados ha vulnerado la justicia por un período prolongado. Atribuyó la responsabilidad de esta situación al presidente Luis Arce, acusándolo de haber conferido una autoridad excesiva que ha permitido la extensión de sus mandatos. Camacho expresó su total adhesión y respaldo a las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, reconociendo su trayectoria en la defensa de la independencia judicial y la contundencia de su reciente manifestación. Finalmente, sugirió que, por una cuestión de decoro, los involucrados deberían dimitir de sus funciones