Bolivia enfrenta 111 procesos judiciales por devastadores incendios forestales en todo el país

Bolivia enfrenta un considerable desafío en la gestión de delitos ambientales, evidenciado por un total de 111 expedientes judiciales en curso relacionados con siniestros forestales y prácticas de quema no autorizadas. Un análisis de estas acciones revela que 22 corresponden a procesos penales y 89 a la vía administrativa.

La distribución geográfica de estos casos muestra una concentración significativa en el departamento de Santa Cruz, que agrupa 62 de los expedientes, con 42 de naturaleza administrativa y 20 penal. Le siguen La Paz, con 19 casos; Beni, con 17; y el resto del país, que suma 12. La mayor parte de los incidentes impactan propiedades privadas, con 66 expedientes, y comunidades, con 23.

A pesar de la cantidad de denuncias presentadas a nivel nacional, el número de resoluciones judiciales firmes es limitado. Hasta la fecha, solo cuatro procesos han culminado con un fallo condenatorio. Tres de estas sentencias se registraron en el municipio de Asunción de Guarayos, en Santa Cruz, mientras que la cuarta corresponde a un suceso en el Parque Nacional Tunari, en Cochabamba. En cada uno de estos casos, los acusados fueron sentenciados a una pena de tres años de privación de libertad.

Funcionarios gubernamentales han manifestado su preocupación por la naturaleza burocrática y las demoras inherentes a los procedimientos legales, a menudo complicados por diversas maniobras procesales. Se ha advertido que la ausencia de sanciones ejemplares contribuye a un ambiente de impunidad, lo que, a su vez, incentiva la recurrencia de delitos ambientales. Existe una firme expectativa de que, en el transcurso del año actual, la ley se aplique con toda su severidad a los infractores, con el objetivo de establecer un precedente que disuada futuras acciones ilícitas y asegure que la falta de consecuencias no continúe siendo un estímulo para la provocación de incendios