Tarija alerta por consumo de alcohol desde los 13 años y aumento de suicidios grave problema de salud mental

La región de Tarija enfrenta una compleja situación en materia de salud mental, manifestada en indicadores que superan la media nacional. A pesar de la promulgación de una ley departamental hace un año, su aplicación efectiva permanece estancada por la ausencia de la reglamentación necesaria.

Datos recientes revelan que el departamento concentra el mayor número de atenciones en salud mental a nivel nacional, duplicando las cifras de otras regiones centrales del país. Esta realidad se agrava con el consumo de alcohol desde edades tempranas, identificado como el más elevado en Bolivia, y una preocupante tasa de suicidios. Estudios indican que el inicio del consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes tarijeños puede ocurrir a partir de los 13 años, lo que incrementa significativamente el riesgo de trastornos mentales y adicciones. Este escenario local se alinea con advertencias globales que proyectan a la salud mental como la principal causa de discapacidad a nivel mundial a partir de 2030.

La Ley Departamental N° 493 de Salud Mental, aprobada hace doce meses, fue concebida para establecer un marco integral que impulse la salud mental, garantice políticas públicas basadas en derechos humanos y facilite la creación de un Comité Departamental de Salud Mental. Sin embargo, su operatividad se ve comprometida al no contar con el reglamento que permita su implementación.

Voces desde el ámbito legislativo han instado a la máxima autoridad departamental a priorizar la reglamentación de esta normativa. Se subraya que la ausencia de su implementación efectiva obstaculiza el desarrollo sostenible de la región, al no abordar una problemática social tan crítica. Se ha señalado, además, que la aplicación de esta legislación no demanda una inversión masiva de recursos, ya que su enfoque principal radica en la prevención y la promoción de la salud mental.

La ley propone lineamientos estratégicos claros para enfrentar esta problemática. Entre ellos se destacan: asegurar que las políticas de salud mental se fundamenten en el respeto y la protección de los derechos de las personas; implementar un sistema departamental de salud mental que integre la promoción y la prevención; y establecer un Comité Departamental de Salud Mental con participación de entidades públicas, privadas y organizaciones sociales. Adicionalmente, busca fortalecer la colaboración con el sector educativo para la detección precoz de problemas en estudiantes e impulsar campañas de sensibilización que incentiven la búsqueda de apoyo profesional, especialmente ante los casos de suicidio.

A pesar de contar con el respaldo de instituciones relevantes en el ámbito de la salud mental y los servicios departamentales de salud, la falta de reglamentación mantiene paralizada la puesta en marcha de esta trascendental iniciativa