Gobernación niega responsabilidad en conflicto petrolero de Tariquía mientras Chiquiacá declara emergencia

La reciente autorización para la perforación de un pozo exploratorio en las proximidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ha desatado una profunda preocupación y un estado de alerta entre las comunidades locales y los defensores del medio ambiente. La Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) emitió la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) N° 2134/2025, otorgando permiso a Petrobras Bolivia S.A. para llevar a cabo el proyecto “Perforación Exploratoria Pozo DMO-X3”, una decisión que ha sido recibida con fuerte rechazo.

Desde el Cantón de Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos, los habitantes han manifestado su firme determinación de impedir el acceso de las empresas petroleras al área designada. Rodrigo Altamirano, concejal de Entre Ríos, ha advertido sobre la inminente movilización de los residentes, quienes se encuentran en reuniones constantes con grupos de protección de Tariquía, declarando una situación de emergencia ante la posibilidad de un ingreso forzado. El representante municipal enfatizó que las comunidades de Chiquiacá han expresado consistentemente su oposición a la actividad petrolera a través de diversas resoluciones.

Paralelamente, la Gobernación de Tarija ha buscado delimitar su rol en esta controversia, señalando que la gestión de hidrocarburos es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional. Efraín Rivera, secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación, explicó que la atribución recae en el Gobierno Central a través de YPFB, entidad que concesionó el bloque a Petrobras. La empresa, a su vez, tramitó la licencia ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Rivera destacó que, si bien el pozo Domo Oso X3 se ubica a cinco kilómetros de la Reserva, no se puede descartar el riesgo de contaminación, pero reiteró la falta de injerencia directa de la Gobernación en este tipo de proyectos estratégicos.

El funcionario gubernamental también mencionó que se llevó a cabo una consulta pública en Entre Ríos, con la participación de autoridades municipales, organizaciones de base, sindicatos y pobladores, lo que, según su interpretación, facilitó la viabilidad de la autorización ambiental. No obstante, el concejal Altamirano ha refutado esta versión, insistiendo en la existencia de documentación que respalda la postura de rechazo de los habitantes de Chiquiacá. Además, ha criticado a autoridades municipales y departamentales, incluyendo al alcalde de Entre Ríos, Teodoro Suruguay, por lo que considera un cambio de postura respecto a la defensa de Tariquía, acusándolos de respaldar el ingreso de las petroleras. Altamirano también denunció que se habrían utilizado personas ajenas a la zona para simular un apoyo a los proyectos hidrocarburíferos.

La tensión persiste en la región, con las comunidades preparadas para una posible confrontación y las autoridades nacionales defendiendo la legalidad del proceso, mientras la Gobernación de Tarija se mantiene al margen de la responsabilidad directa