La expresidenta Jeanine Áñez ha emitido una declaración dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comis
La expresidenta Jeanine Áñez ha emitido una declaración dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos). Esta comunicación surge después de que ambas instituciones manifestaran su inquietud por la anulación de los procesos penales ordinarios vinculados a los sucesos de Senkata y Sacaba, alertando sobre la posibilidad de que estos hechos queden impunes.
En su mensaje, la exmandataria instó a estos organismos internacionales a no desatender la situación de los derechos humanos de todos los ciudadanos bolivianos que, según su perspectiva, han sido afectados por el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS). Adicionalmente, les recordó que, en su propio caso, el gobierno vulneró las garantías del debido proceso durante su encarcelamiento.
Áñez argumentó que la verdadera justicia es inalcanzable sin un debido proceso riguroso, una investigación completamente imparcial y el respeto estricto a la jurisdicción y competencia pertinentes. Enfatizó que no se puede aspirar a la justicia cuando los jueces y fiscales se encuentran bajo la influencia de un gobierno que, hasta hace poco, ha ejercido control sobre el Órgano Judicial.
La expresidenta ha sostenido consistentemente que, dada su posición como jefa de Estado durante los acontecimientos de Senkata y Sacaba en 2020, el procedimiento legal adecuado para ella es un juicio de responsabilidades. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como la Fiscalía habían insistido previamente en que fuera procesada a través de la vía penal ordinaria.
Recientemente, tras las elecciones de primera vuelta, los tribunales competentes revisaron la situación jurídica de Áñez. Como resultado, se decidió anular los juicios ordinarios en curso y remitir su caso a un juicio de responsabilidades, un proceso que, según la normativa vigente, requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional
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