La compleja problemática de los vehículos indocumentados, conocidos popularmente como ‘chutos’, ha irrumpido con fuerza en el escenario político boliv
La compleja problemática de los vehículos indocumentados, conocidos popularmente como ‘chutos’, ha irrumpido con fuerza en el escenario político boliviano, convirtiéndose en un eje central de la campaña electoral de segunda vuelta. Este fenómeno, que implica la entrada de automóviles robados en Chile o contrabandeados desde zonas francas del país vecino, no solo ha capturado la atención en Bolivia, sino que también ha encendido las alarmas en Chile, que se prepara para sus propias elecciones en noviembre.
Lo que comenzó como una propuesta electoral hace aproximadamente diez días, planteada por el candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, para nacionalizar estos automóviles con el fin de inyectar recursos a las finanzas públicas, escaló rápidamente hasta provocar un incidente diplomático. La controversia se desató tras las declaraciones de una legisladora chilena, María Luisa Cordero, representante de Renovación Nacional, quien durante un debate en el parlamento chileno sobre el refuerzo de los controles vehiculares, atribuyó a los bolivianos un “problema crónico” de “falta de oxígeno en el cerebro” debido a la altitud del altiplano. Estas afirmaciones, de carácter xenófobo, generaron una ola de indignación en Bolivia.
A pesar de la polémica, la moción en el congreso chileno fue aprobada con una amplia mayoría de 132 votos y remitida al Senado. La iniciativa legislativa busca establecer la inscripción provisoria de vehículos importados a Chile, obligar a los importadores a informar al Registro Civil en un plazo de quince días y disponer la cancelación de matrículas en casos de pérdida total. El objetivo central es mejorar la trazabilidad de los automóviles y frenar el flujo de vehículos robados en Chile hacia el mercado negro de Bolivia y Paraguay.
En el contexto boliviano, Rodrigo Paz desestimó que su propuesta hubiera incentivado el ingreso de más vehículos irregulares, atribuyendo la persistencia del problema a la histórica falta de transparencia del gobierno saliente. El candidato se comprometió, en caso de asumir la presidencia, a regularizar el parque automotor mediante datos públicos y cooperación internacional, criticando la tardía reacción del actual gobierno ante esta situación que se arrastra por décadas.
Por su parte, Jorge Tuto Quiroga enfatizó que Bolivia no debe convertirse en un refugio para vehículos robados ni para actividades ilícitas como el narcotráfico. Defendió una propuesta que obligaría a quienes regularicen sus automóviles a pagar tarifas iguales o superiores a las de los importadores formales, reconociendo que la legalización de unidades irregulares ya se había implementado en administraciones anteriores, incluida la suya.
La Alianza Libre presentó un plan detallado para una “regularización única, estrictamente técnica y con tolerancia cero al delito”. Este esquema contempla una verificación internacional exhaustiva con la colaboración de Interpol y autoridades de Chile, Brasil, Perú y Argentina. El plan excluye y garantiza la restitución de cualquier vehículo robado, limita la regularización a una unidad por persona natural y establece sanciones agravadas para el fraude. Adicionalmente, propone la creación de un Registro Único de Regularización (RUR), la asignación de cupos de combustible subsidiado por placa, un bono de chatarrización para vehículos no aptos y la prohibición de nuevas amnistías por un período de diez años. Las proyecciones de Libre estiman que, en un escenario conservador, se podrían regularizar 50.000 vehículos con una tasa promedio de 6.000 bolivianos, generando una recaudación de 300 millones de bolivianos. En un escenario más optimista, con 120.000 unidades y una tasa promedio de 8.500 bolivianos, la recaudación podría ascender a 1.020 millones de bolivianos. El PDC, en contraste, no ha detallado su propuesta ni los cálculos de recaudación para esta regularización extraordinaria.
El antecedente de la Ley 133 de 2011, que permitió la nacionalización de 97.600 unidades de un total de 128.000 registradas, con cerca de 30.000 excluidas por inconsistencias o reportes de robo, principalmente de Chile y Brasil, sigue siendo un punto de referencia crucial. Este precedente alimenta el debate actual sobre si estas medidas representan un ordenamiento y una recaudación extraordinaria o, por el contrario, un incentivo al contrabando y la criminalidad.
La preocupación por estas ofertas electorales bolivianas ha trascendido la frontera. Autoridades chilenas han manifestado su inquietud, especialmente tras las declaraciones de Rodrigo Paz, quien llegó a sugerir una posible complicidad de Carabineros en el robo de motorizados. Datos del gobierno chileno revelan un aumento significativo en los robos de vehículos en el norte del país, con un incremento del 185,7% entre el 11 y el 17 de agosto en comparación con el mismo período del año anterior, pasando de 7 a 20 denuncias. Entre enero y julio, se registraron 619 casos, un 57,5% más que en el año precedente, concentrándose en las regiones de Arica y Parinacota.
En Bolivia, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando ha reportado el decomiso de 240 vehículos indocumentados en la frontera, la identificación de siete nuevos pasos clandestinos y la incineración de 44 unidades, de las cuales 121 eran camiones.
La promesa de legalizar los vehículos indocumentados ha reconfigurado la agenda electoral, generando un notable movimiento en el mercado informal. En plataformas digitales, proliferan anuncios que ofrecen nacionalización para automóviles fabricados entre 1988 y 2024, con reservas vía mensajería instantánea y la condición explícita de no incluir vehículos robados. Este fenómeno se extiende por más de 70 ferias a lo largo del país, incluyendo localidades como Patacamaya en La Paz, Challapata en Oruro, y varias zonas en Cochabamba (Chimoré, Ivirgarzama, Villa Tunari, Shinahota, Entre Ríos y Bulo Bulo) y los valles cruceños. El intenso debate electoral en Bolivia, en plena campaña por la segunda vuelta, coincide con el período preelectoral en Chile, que se prepara para elegir a su nuevo presidente en noviembre
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