Murillo esposado y rodeado de policías llega a celda en La Paz tras operativo

La madrugada de ayer marcó el retorno a territorio boliviano de un exministro de la gestión transitoria, quien arribó al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, en un vuelo procedente de Miami. Su llegada, alrededor de las 04:15, culminó un proceso de deportación, según lo confirmado por autoridades migratorias y el actual titular de la cartera de Gobierno, quien se hizo presente en las primeras horas del día para supervisar el recibimiento y el posterior traslado del exfuncionario a La Paz, donde se concentran las causas judiciales en su contra.

Apenas se abrieron las compuertas de la aeronave, un equipo de agentes policiales bolivianos abordó el avión. En cuestión de minutos, el exministro fue provisto de un chaleco de seguridad, sus muñecas fueron aseguradas con esposas y fue escoltado fuera de la aeronave. Descendió con paso firme, luciendo la cabeza rapada y una barba blanca que contrastaba con una expresión que muchos interpretaron como desafiante. Al percatarse de la presencia de la prensa, realizó un gesto exagerado de asombro. Posteriormente, las autoridades informaron que padecía de ansiedad e hipertensión. Durante su trayecto por los pasillos del aeropuerto, se inclinaba ocasionalmente para intercambiar breves palabras con sus custodios, sin mostrar en ningún momento señales de debilidad.

El Ministerio Público, a través de su máxima autoridad, informó que el exministro enfrenta una quincena de causas judiciales en el país, incluyendo dos sentencias condenatorias que aún se encuentran en fase de apelación. Una de estas condenas es de ocho años de privación de libertad, vinculada al denominado caso Gases Lacrimógenos, y la otra, de cinco años y cuatro meses, correspondiente al caso Gases del Ecuador. Además, existen declaraciones de rebeldía y acusaciones por resoluciones contrarias a la Constitución, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Las primeras horas tras su arribo transcurrieron en un espacio de detención provisional habilitado en el propio aeropuerto de Viru Viru. Allí, según el ministro de Gobierno, fue sometido a una revisión médica que confirmó un diagnóstico de hipertensión y un cuadro de ansiedad. Cerca del mediodía, fue trasladado en otra aeronave hacia La Paz. A su llegada a la sede de gobierno, un cortejo de vehículos policiales lo acompañó desde el aeropuerto hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En dicho lugar, representantes del Ministerio Público adelantaron que se solicitará la programación inmediata de audiencias para definir las medidas cautelares pertinentes.

Paralelamente, se conoció que el exfuncionario también deberá responder por un proceso iniciado por una ciudadana que fue injustamente acusada durante su gestión en relación con el caso de la bebé Samanta. La demandante exige una compensación de un millón de bolivianos por el daño causado a su dignidad. El exministro ocupó su cargo entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, optando por abandonar el país antes de la transición gubernamental.

Las imágenes del exministro sonriendo mientras era escoltado generaron diversas reacciones. La ministra de Justicia calificó su actitud como una muestra de soberbia. En contraste, su defensa legal solicitó que su cliente pueda enfrentar los procesos en libertad, invocando una directriz del Tribunal Supremo de Justicia que ordena revisar las detenciones preventivas. El jurista argumentó que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse en libertad, en un plazo razonable y a ejercer los recursos impugnativos que la Constitución garantiza, enfatizando que, de no respetarse estos principios, no existiría un juez natural ni imparcial, libre de manipulación gubernamental o política.

Desde otros sectores, se alzaron voces exigiendo su reclusión inmediata en el penal de Chonchocoro. Un exlegislador, por ejemplo, afirmó que el exministro hizo quedar mal a Bolivia, recordando los trágicos eventos de 2019. De manera similar, un ministro de Obras Públicas demandó su traslado a dicha prisión, donde se encuentran detenidas personas con sentencias por crímenes graves. Un senador saliente, afín a una corriente política específica, también reclamó que no se permita su liberación, calificándolo de alta peligrosidad y acusándolo de haber causado muertes y de haber defraudado al Estado.

Incluso desde la oposición surgieron comparaciones, con un senador de Creemos pidiendo al Gobierno la misma diligencia para detener a otro exmandatario en el Chapare, quien enfrenta causas por abuso a menores y trata de personas. Por otro lado, un diputado de la facción evista comentó con sarcasmo sobre la llegada del exministro, recordando que la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia había planteado el retorno de exiliados y expresando sorpresa por la ausencia de un recibimiento más ceremonial