Defensoría Pública alerta grave aumento de deudas por pensiones alimentarias en todo el país

Las autoridades de protección a la infancia en Tarija han documentado un notable incremento en los casos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, una situación que afecta a casi un tercio del total de expedientes gestionados por la institución. Anualmente, la jurisdicción municipal procesa aproximadamente mil quinientos expedientes relacionados con esta materia, evidenciando la magnitud del desafío.

Según las observaciones institucionales, la crisis económica y la disminución de oportunidades laborales son factores determinantes que inciden directamente en la morosidad de estos pagos, impactando de forma adversa a niños, niñas y adolescentes. Se ha constatado un aumento en la falta de cumplimiento de estas responsabilidades económicas, una tendencia ligada intrínsecamente a la contracción del mercado laboral.

Actualmente, cerca del treinta por ciento de las pensiones alimenticias se encuentran en situación de mora. Ante esta realidad, la entidad encargada de la defensa de la niñez se dedica activamente a la actualización de los registros de pago, con el objetivo primordial de salvaguardar los derechos de los beneficiarios.

Es fundamental recordar que la legislación boliviana establece una particularidad para este tipo de adeudo: la falta de pago de la asistencia familiar constituye la única deuda civil cuya sanción puede implicar la privación de libertad. La ausencia de esta prestación económica esencial compromete directamente los derechos humanos fundamentales de los menores, subrayando la gravedad de la situación.

El protocolo institucional dicta que, tras la elaboración del informe de deuda, este se eleva a la autoridad judicial competente. Posteriormente, dicha autoridad procede a notificar al deudor para que presente sus descargos y regularice su situación, buscando asegurar el cumplimiento de la obligación