Contraloría revela perjuicio de Bs 25 millones a Gobernación de Tarija por conflicto con Sedeca

Un reciente informe de la Contraloría ha puesto de manifiesto un significativo perjuicio económico para la Gobernación de Tarija, estimado en 25 millones de bolivianos. Este monto se desglosa en 10,250,249 bolivianos correspondientes a salarios devengados y 15,739,513 bolivianos atribuidos a responsabilidad civil.

La situación financiera adversa se origina en la prolongada controversia con el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), un conflicto que se remonta a febrero de 2022. En aquel entonces, la administración del gobernador Oscar Montes emitió los decretos 03/2022 y 21/2022, que disponían la cesación de operaciones, supresión y liquidación de Sedeca, con la intención de reemplazarla por la Dirección Administrativa Vial (DAV). Sin embargo, la pugna legal concluyó con una victoria para los trabajadores, cuando la Sentencia 004/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó la restitución de la entidad caminera.

Además del gobernador Montes, otras personas cuyas firmas figuran en la documentación de responsabilidad civil han sido identificadas en relación con este perjuicio. Estas incluyen a Jorge Mariano Bacotich, Sandra Zubieta Llanos, Erich Montaño Miranda, María Lourdes Vaca, Efraín Rivera Gutiérrez y Karina Patricia Liebers Cáceres.

Ante este escenario, el legislador Edwin Rosas ha enfatizado la necesidad de aplicar el artículo 113, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Dicha normativa establece que, en casos donde el Estado es condenado a reparar daños, debe interponerse una acción de repetición contra los responsables para que estos restituyan los fondos. Si bien la Gobernación debería iniciar esta acción contra el propio Gobernador para recuperar el daño civil ocasionado, se ha planteado que, dada la improbabilidad de tal medida, la información ha sido remitida a la Asamblea. Se espera que este órgano fiscalizador actúe con celeridad para asegurar el cumplimiento de la decisión judicial y emprenda las acciones legales necesarias para que los implicados restituyan los montos correspondientes.

Se ha advertido que la omisión de acciones por parte de la Asamblea en contra de los responsables podría constituir un incumplimiento de deberes, con las consiguientes implicaciones penales. Los montos económicos determinados como perjuicio no son especulaciones, sino que provienen directamente de un informe oficial de la Contraloría. El legislador Edwin Rosas, quien ha hecho públicas estas revelaciones, lamentó haber sido objeto de descalificaciones por su labor de fiscalización y por visibilizar las consecuencias de decisiones administrativas que han generado un impacto económico significativo