Denuncias de asientos fantasma electorales generan debate sobre integridad del padrón; TSE desmiente y Asamblea exige informe

La integridad del padrón electoral ha sido objeto de debate tras recientes denuncias sobre la posible existencia de asientos electorales fantasma en diversas regiones del país. Un exfuncionario vinculado a la inteligencia ha afirmado que, solo en el departamento de La Paz, se habrían identificado aproximadamente ochenta de estas supuestas circunscripciones irregulares, sugiriendo que una situación similar podría presentarse en otros departamentos.

Frente a estas acusaciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha emitido un pronunciamiento oficial desmintiendo categóricamente la veracidad de tales afirmaciones. La entidad electoral ha aclarado que su separata de Mapas y Codificaciones de Asientos Electorales provee una numeración detallada de los asientos por cada circunscripción uninominal y por las circunscripciones especiales indígenas, lo que, según el organismo, garantiza la transparencia y la correcta asignación de los espacios de votación.

Desde el ámbito legislativo, un diputado ha asegurado que la Asamblea Legislativa Plurinacional está comprometida en dotar al Tribunal Electoral de los recursos económicos necesarios para la adecuada realización de las próximas elecciones nacionales, previstas para agosto. El legislador también ha puesto de manifiesto un fenómeno demográfico ampliamente reconocido: la significativa migración de la población desde las áreas rurales hacia los centros urbanos. Este desplazamiento masivo, corroborado por los datos del último censo, ha tenido un impacto directo en la configuración de numerosas circunscripciones electorales, generando una disminución de electores en varios recintos rurales e incluso la eliminación de algunos que ya no justifican su existencia.

A pesar de las serias denuncias presentadas sobre este tema, el legislador ha expresado su preocupación por la aparente falta de un informe detallado por parte del Tribunal Supremo Electoral respecto a las modificaciones y el estado actual de los recintos afectados. Ha calificado esta ausencia de comunicación como inusual y ha manifestado la expectativa de que el órgano electoral presente un informe oficial en los próximos días, el cual será objeto de una rigurosa fiscalización.

En relación con el control del proceso electoral, se ha desestimado la creencia popular de que los ciudadanos votan en lugares donde no residen, aclarando que la mayoría se inscribe en el lugar donde desarrollan sus actividades laborales. Sin embargo, se ha recordado que en el pasado se han documentado situaciones anómalas, como la aparición de pueblos fantasma que, en jornada electoral, registraban un número inusualmente elevado de votantes. Se ha subrayado la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización y la denuncia de cualquier irregularidad para preservar la integridad del proceso, en el que la nación deposita su esperanza para la elección de un nuevo presidente.

Una atención particular se ha dirigido a la votación en el área rural, donde en ocasiones se ha observado una demora en el escrutinio, lo que ha alimentado sospechas de posibles manipulaciones. Un ex candidato ha compartido su experiencia sobre la necesidad de trasladar personal desde la ciudad para supervisar mesas en recintos rurales, dada la percepción de un control deficiente. Históricamente, se ha señalado que en estas zonas el partido oficialista obtenía victorias con márgenes extraordinariamente amplios, llegando a resultados donde otras fuerzas políticas no registraban ningún voto, incluso el de sus propios delegados. Esta situación ha contribuido a la creciente susceptibilidad sobre el desempeño del Tribunal Supremo Electoral.

Finalmente, se ha anunciado que para las próximas elecciones no se empleará el sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). En su lugar, se ha contratado a una nueva empresa que implementará un sistema distinto para el monitoreo y conteo de votos, una medida que también será objeto de escrutinio por parte de la Asamblea Legislativa