ASFI amplía regulación cambiaria: ¿control de informalidad o impacto en el precio del dólar?

Ante la creciente informalidad y la volatilidad que caracterizan el mercado de divisas, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financero (ASFI) ha implementado una expansión de su marco regulatorio. Esta nueva normativa busca abarcar a individuos y entidades que operan servicios de cambio sin la debida autorización legal. La medida, detallada en la Circular 883/2025, tiene como fin contener las prácticas irregulares y fomentar una mayor formalización del sector. No obstante, actores financieros del rubro advierten que la regulación de las operaciones no debe interpretarse como un control sobre el precio de la divisa, el cual actualmente se sitúa muy por encima de la tasa oficial establecida por el gobierno.

La reciente modificación al Reglamento para el Control de Actividades Financieras Ilegales o No Autorizadas introduce disposiciones significativas. Ahora, cualquier persona o entidad que realice más de tres transacciones de cambio al mes o genere ingresos superiores a 6.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) estará obligada a obtener una licencia. El incumplimiento de esta disposición acarreará sanciones, que podrían incluir la clausura definitiva de las operaciones. Adicionalmente, se prohíbe el uso de denominaciones como casa de cambio en nombres comerciales si no se posee la autorización legal correspondiente. El propósito declarado de estas acciones es combatir la proliferación de la informalidad en el mercado cambiario, donde es cada vez más común observar anuncios de compra y venta de dólares en establecimientos no financieros o incluso a través de plataformas digitales. Sin embargo, esta determinación también genera cierta inquietud entre aquellos que ya operan dentro de la legalidad.

En un sondeo realizado en el centro de Tarija, operadores de cambio con licencia expresaron su parecer. Existe un consenso sobre la necesidad de una regulación, especialmente para mitigar la competencia desleal proveniente de actores informales que eluden los requisitos legales y las obligaciones tributarias. Sin embargo, enfatizaron un límite claro: el valor del dólar no puede ser determinado por una imposición gubernamental. Estos profesionales del cambio sostienen que sus precios se ajustan a la dinámica del mercado real, distanciándose de la cotización oficial. Afirman que, de verse forzados a vender al tipo de cambio bancario de 6,96 bolivianos, simplemente cesarían sus actividades, ya que operarían con pérdidas. Explican que la valoración de la divisa se establece principalmente a partir de las cotizaciones de plataformas digitales especializadas, así como del valor del dólar cripto (USDT) en intercambios como Binance. Actualmente, estas plataformas digitales son las que dictan el rumbo, sugiriendo que si la ASFI busca un control efectivo del mercado, debería extender su supervisión también a este ámbito digital.

La marcada diferencia entre el tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos y el precio en el mercado paralelo, que se situó en torno a los 15 bolivianos hasta el pasado domingo, ha dejado de ser una situación coyuntural para transformarse en una característica estructural de la economía. Factores como el incremento sostenido de la demanda de divisas, la escasez de dólares en el sistema financiero formal y la desconfianza en las políticas económicas gubernamentales han propiciado el surgimiento de un mercado alternativo que se percibe como más dinámico y funcional.

Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, subraya que los mercados digitales, particularmente los de criptomonedas, son inherentemente volátiles y propensos a la especulación. En este contexto, la iniciativa de la ASFI de regular las casas de cambio se orienta primordialmente a prevenir fraudes y estafas. Romero aclara que, si bien las casas de cambio autorizadas poseen licencias, nunca han operado con el tipo de cambio oficial, y menos aún lo harán ahora. Considera que esta medida representa un intento de controlar un segmento del mercado sobre el cual el gobierno carece de influencia directa. El economista también expresa escepticismo sobre la capacidad de esta regulación para afectar el precio de la divisa. Argumenta que el mercado está condicionado por la ausencia de reservas internacionales, la falta de liquidez y una percepción generalizada de riesgo. Si estos problemas fundamentales no son abordados, ninguna normativa logrará alterar la lógica del mercado paralelo. Romero añade que, a pesar de que la ASFI concede un plazo a los cambistas no autorizados para formalizarse, el control de una economía con un alto grado de informalidad o ilicitud resultará sumamente complejo. Esto difícilmente tendrá un impacto significativo, afirmó, ya que si una sola aprobación de este tipo de normas pudiera bajar el tipo de cambio, ya lo habría hecho. Solo se está intentando encauzar a las entidades que desean realizar operaciones de cambio, pero esto es complicado cuando se pueden hacer transacciones incluso por redes sociales, donde la supervisión es extremadamente difícil.

Desde el sector de las casas de cambio, se cuestiona la persistencia del gobierno en mantener el tipo de cambio oficial en 6,96 bolivianos en las entidades bancarias, una cifra que no se alinea con la realidad económica. Proponen que, aplicando una fórmula matemática que considere la cotización del dólar en países vecinos, el precio oficial debería oscilar entre 13 y 15 bolivianos. Por su parte, el economista Fernando Romero sugiere que para establecer un nuevo precio oficial del dólar, sería ideal buscar un punto intermedio entre la cotización paralela y la oficial, estimando un rango de 10 a 11 bolivianos. Reconoce que la divisa no regresará al valor de 6,96 bolivianos establecido para las entidades financieras