El sector agrícola en Tarija se encuentra en una situación de marcada vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos adversos, y el apoyo institucional
El sector agrícola en Tarija se encuentra en una situación de marcada vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos adversos, y el apoyo institucional existente a menudo no logra compensar la magnitud de las pérdidas que sufren los productores. Las recientes heladas que azotaron el departamento han vuelto a poner de manifiesto esta fragilidad, así como la percibida insuficiencia de las respuestas por parte de las entidades públicas. A pesar de los reiterados llamados para un apoyo estructural, no se perciben políticas sostenidas ni marcos legislativos específicos que brinden un respaldo efectivo cuando la producción se ve afectada por la naturaleza.
Un líder agrario, Santos Vega, ha expresado su profunda frustración ante lo que considera una persistente falta de voluntad política para salvaguardar al sector, a pesar de las recurrentes pérdidas que se acumulan año tras año. Ha señalado que sus solicitudes para la creación de una ley específica no han sido atendidas ni por el Concejo Municipal ni por la Asamblea Departamental, y que la proximidad de un nuevo ciclo gubernamental genera incertidumbre sobre si estas demandas serán finalmente consideradas. Además, ha criticado que la asistencia brindada por técnicos municipales o departamentales tras los desastres, a menudo limitada a insumos como una bolsa de urea, resulta insignificante frente a la magnitud de los daños sufridos.
Vega ha explicado que las recientes heladas han dejado muchos cultivos inutilizables, agravando la situación de los pequeños productores. Esta problemática se suma al incremento en los precios de insumos esenciales como semillas y fertilizantes, un encarecimiento atribuido a la escasez de divisas y al aumento de los costos de importación.
Esta coyuntura está impulsando una silenciosa migración de la población joven desde las comunidades rurales hacia otros países, como Chile y Argentina, dejando en las zonas agrícolas principalmente a personas de la tercera edad. Algunos de estos últimos, sin la fuerza necesaria para continuar trabajando la tierra, están optando por el abandono de sus parcelas. Desde la perspectiva de Vega, es imperativo generar políticas claras y sostenidas de incentivo, además de implementar un seguro agrícola que sea verdaderamente efectivo, para que la población regrese a la producción. También ha observado un aumento en los costos de la canasta básica familiar, lo que dificulta el acceso a ciertos alimentos para las propias familias campesinas.
Por su parte, Rivelino Zenteno, otro dirigente del sector en Cercado, ha reconocido que las heladas han provocado algunas pérdidas, aunque inicialmente no de gran intensidad, estimando afectaciones que no superan el veinte por ciento. No obstante, ha advertido que si las bajas temperaturas persisten hasta agosto, la producción de papa podría sufrir un impacto considerable. Zenteno ha precisado que no toda la superficie agrícola se encuentra en producción durante estos meses, lo que en parte ha mitigado las pérdidas, pero ha enfatizado el riesgo de un empeoramiento de la situación.
En un intento por abordar estas problemáticas, en diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija aprobó una ley destinada a la asignación de recursos departamentales para la prevención y atención de desastres y daños naturales. Esta normativa establece que la Gobernación debe destinar el uno por ciento del cincuenta y cinco por ciento de las regalías que administra para atender las necesidades de los ocho municipios del departamento. De manera similar, el Gobierno Regional del Chaco debe presupuestar el uno por ciento de su cuarenta y cinco por ciento de regalías para los municipios de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí.
El objetivo de esta ley es asignar recursos dentro del Plan Operativo Anual (POA) para la prevención y atención de desastres, apoyando planes, programas y proyectos, así como proporcionando recursos de contraparte para actividades que surjan de una declaratoria de emergencia. La ejecución de estos fondos está supeditada a una evaluación técnica previa y a la declaración de zona de desastre por parte de los concejos municipales. Adicionalmente, la ley conmina a los ejecutivos departamental y regional del Chaco a gestionar recursos adicionales ante el Gobierno nacional, de acuerdo con las leyes 2140 y 2335, así como fondos privados y de cooperación externa, para reforzar la atención de estas situaciones. A pesar de la existencia de este marco legal, su aplicación es percibida como parcial o insuficiente
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