Las detenciones relacionadas con los recientes enfrentamientos armados en Llallagua, Potosí, han ascendido a trece personas. Entre los aprehendidos se
Las detenciones relacionadas con los recientes enfrentamientos armados en Llallagua, Potosí, han ascendido a trece personas. Entre los aprehendidos se encuentra un individuo identificado como el presunto francotirador responsable de la muerte de un subteniente de la policía y las graves heridas infligidas a un capitán.
La captura del sospechoso, Galo Jorge Ch., se considera un avance significativo en la investigación. En su residencia se descubrieron municiones de guerra, y una combinación de pruebas testimoniales y materiales lo vinculan directamente con los disparos letales. Este individuo había permanecido prófugo durante diecinueve días, siendo finalmente localizado en las proximidades de Catavi, a escasa distancia de Llallagua. Su ubicación fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de inteligencia policial, que incluyó el análisis de más de 1.400 líneas telefónicas, permitiendo su geolocalización. Las evidencias recabadas confirman su participación en los disparos efectuados desde el área conocida como Cerro Colla.
Mientras tanto, otros dos individuos señalados como cabecillas de los ataques contra efectivos policiales en Llallagua, identificados como Milán M. V. y Saúl A. Ch., lograron evadir los operativos. Se ha determinado que huyeron de Potosí y buscaron refugio en la región del trópico de Cochabamba, específicamente en la zona de Villa Tunari, presuntamente buscando protección en áreas donde se sienten respaldados por estructuras que facilitan su encubrimiento.
Las investigaciones han revelado que la violencia desatada en Llallagua estaba financiada por redes de narcotráfico, con pagos diarios de 200 bolivianos a los participantes en las movilizaciones. Se ha descubierto que estructuras organizativas paralelas fueron utilizadas como fachada para encubrir actividades ilícitas, incluyendo la protección de cultivos de marihuana, el tráfico de combustible y la comercialización de vehículos robados. Las autoridades han afirmado que estas movilizaciones servían como una cortina para mantener el control territorial, y se ha evidenciado cómo el narcotráfico instrumentaliza a ciertas organizaciones sociales para fines políticos. Como parte de estas operaciones, se logró la destrucción de 14.5 toneladas de marihuana.
Durante los diez allanamientos realizados en el marco de esta investigación, las fuerzas del orden incautaron un arsenal que incluía armas, explosivos, dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos. Estos últimos han resultado cruciales, pues revelan detalles sobre la planificación de los ataques y la coordinación entre los implicados a través de aplicaciones móviles.
Las autoridades han asegurado que las investigaciones continúan activamente, con la expectativa de lograr la captura de otros líderes de esta red criminal que abandonaron sus domicilios tras los violentos sucesos. Se ha enfatizado que este tipo de criminalidad organizada no encontrará refugio, ya sea político o geográfico, y se mantendrá la determinación de llevar ante la justicia a cada uno de los responsables
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