Diputada Campero denuncia inhabilitación política y persecución electoral

La diputada nacional Luciana Campero ha manifestado su profunda preocupación por su reciente descalificación como candidata, atribuyendo la decisión del Órgano Electoral Plurinacional a lo que considera una estrategia de obstaculización política. La legisladora, junto a Daniela Cabrera, actual concejal de la alianza Unidad, son las únicas figuras políticas que aparecen inhabilitadas en las listas publicadas el pasado 6 de junio. Esta situación, según Campero, contradice tanto una sentencia constitucional vigente como la información previa proporcionada por el personal del propio ente electoral.

La notificación de inhabilitación de la diputada se fundamenta en dos presuntos incumplimientos: el inciso 5, relacionado con la declaración jurada, y el inciso 9, que exige la renuncia al cargo. Respecto a la segunda causal, Campero ha expresado su desconcierto, aludiendo a la sentencia constitucional 0032/2019. Dicha resolución, según su interpretación, establece que los funcionarios públicos con cargos electos no están obligados a renunciar para participar en comicios. La legisladora ha argumentado que, de aplicarse rigurosamente este requisito, otras personalidades políticas de relevancia nacional y departamental, como Manfred Reyes Villa, Andrónico Rodríguez, Carlos Alarcón, Andrea Barrientos, Juan Carlos Medrano, y en Tarija, Miguel Rejas y Gladys Alarcón, también habrían tenido que dimitir de sus funciones, lo que, a su juicio, evidencia una aplicación selectiva y arbitraria de la normativa.

En relación con la objeción sobre la declaración jurada, el Órgano Electoral ha señalado su supuesta ausencia. Sin embargo, la diputada ha refutado categóricamente esta afirmación. Ha detallado que, el 9 de junio, personal del Órgano Electoral en La Paz le confirmó que su declaración jurada había sido debidamente registrada. En ese momento, se le indicó que su inhabilitación se debía a un informe de la Contraloría General del Estado que mencionaba a candidatos que no habían renunciado a sus cargos, incluyéndola a ella y a Daniela Cabrera, a pesar de la excepción constitucional. Para respaldar su posición, la legisladora posee una fotocopia de la declaración jurada entregada al delegado de su partido, LIBRE. Además, cuenta con una solicitud de fotocopia legalizada de dicho documento, que incluye un código QR. Al escanearlo y consultarlo en el DIRNOPLO, se verifica la emisión del certificado de la declaración jurada el 17 de mayo. Los candidatos disponían hasta el 19 de mayo para presentar esta información; la diputada obtuvo y entregó la suya el 17 de mayo.

Ante este panorama, Luciana Campero ha concluido que existe una clara intención de boicot y una persecución política por parte del Órgano Electoral. La diputada ha afirmado disponer de pruebas que demuestran la actuación de un vocal del ente electoral que, desde el año 2021, ha ejercido presión y buscado activamente formas de socavar su trayectoria política, lo cual, a su entender, constituye un acto de violencia política. La legisladora ha cuestionado la coherencia de la inhabilitación, argumentando que no habría realizado el trámite burocrático, ni incurrido en los gastos correspondientes, para obtener el certificado de la declaración jurada si su propósito no hubiera sido presentarlo. Se aguarda que se resuelva la situación conforme a derecho y se garantice su derecho a la participación electoral