Tarija: Plan de Industrialización Enfrenta Escrutinio por Viabilidad y Planificación

El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan de industrialización en Tarija, centrado en la construcción de siete plantas procesadoras con el objetivo de fomentar la sustitución de importaciones. Sin embargo, esta iniciativa, aunque vista con optimismo por algunos sectores, ha generado inquietud entre diversas voces que cuestionan la solidez de su planificación y su potencial para impulsar una transformación económica sostenible en la región.

Estos proyectos, en su mayoría gestionados a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) mediante el Fondo Concursable de Público Productivo (FOCIPP), representan una inversión total de 89 millones de bolivianos y se estima que han generado más de 200 empleos, tanto directos como indirectos. Marcos Sánchez, director de la entidad encargada de la inversión productiva y social en Tarija, ha detallado el progreso de estas obras.

Las infraestructuras abarcan diversas áreas geográficas y productivas del departamento. Entre ellas se encuentran la Planta Extractora de Aceite Esencial de Manzanilla en San Lorenzo, cuya inauguración está prevista para enero de 2025; la Planta Industrializadora de Membrillo en Tojo, municipio de Yunchará, ya entregada; y la Planta Procesadora de Ajo y Cebolla en El Puente, que con una inversión de 21 millones de bolivianos, proyecta una capacidad de procesamiento de 1.200 toneladas anuales. Otros proyectos incluyen la Planta de Alimentos Balanceados en San Lorenzo, próxima a inaugurarse; la Planta de Industrialización de Durazno en Tomayapo, con un avance del 60%; la Planta de Procesamiento de Alimentos en Bermejo, cuya entrega se espera para octubre; y la Planta de Cerámicos en Padcaya, destinada a la producción de ladrillos y tejas, con una inversión de 22 millones de bolivianos y entrega programada para diciembre. Del conjunto de estas siete plantas, una ha sido entregada de forma definitiva, otra provisionalmente, tres avanzan con normalidad y dos presentan cierto retraso en su ejecución.

A pesar del considerable despliegue de recursos, la viabilidad a largo plazo de estas factorías es objeto de debate. Abel Guzmán, un exasambleísta departamental, ha planteado serias dudas sobre la concepción de muchos de estos proyectos, señalando que se habrían impulsado sin los estudios técnicos adecuados y sin una conexión real con la demanda productiva de cada zona. Ha recordado ejemplos previos de iniciativas fallidas, como una planta procesadora de cítricos en Bermejo, atribuyendo su fracaso a una falta de visión estratégica. En su análisis, la edificación de una planta resulta ineficaz si no existe una producción suficiente para abastecerla o mercados garantizados para sus productos.

El exasambleísta también ha expresado preocupación por posibles irregularidades en los procesos de licitación. Ha sugerido que, en algunos casos, la motivación detrás de ciertas obras podría haber estado ligada a beneficios indebidos, priorizando proyectos no esenciales sobre necesidades urgentes como el acceso al agua. Esta situación, según su perspectiva, se ha replicado en varios municipios, donde el problema recurrente ha sido la ausencia de una planificación integral que evalúe la capacidad de suministro de materia prima, los volúmenes de producción esperados y los mercados potenciales. Ante la proximidad de procesos electorales, ha instado a la ciudadanía a evaluar propuestas concretas en lugar de discursos, lamentando la existencia de obras inconclusas y sugiriendo la necesidad de acciones legales contra quienes hayan causado perjuicios económicos. Además, ha subrayado la importancia de que las futuras autoridades demuestren responsabilidad en la planificación, asegurando que los limitados recursos económicos se inviertan de manera eficiente y no se dilapiden, como pudo haber ocurrido en periodos de mayor bonanza.

No obstante, la perspectiva de la industrialización es recibida con optimismo por el sector campesino, que la considera una oportunidad crucial para dinamizar la economía de Tarija, una región tradicionalmente dependiente de los hidrocarburos.

Por su parte, los gobiernos municipales, que eventualmente podrían asumir la administración de estas plantas, se encuentran a la espera de una normativa clara. Gabriela Vilca, directora ejecutiva de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), ha indicado que aún no se ha definido si la gestión recaerá exclusivamente en el sector público o si se optará por un modelo de administración público-privada. En este contexto, ha mencionado que una propuesta normativa al respecto está siendo considerada en la Cámara de Senadores. Sin entrar en la controversia sobre las críticas, Vilca ha recalcado el potencial de estas plantas para impulsar la actividad económica en los municipios