Bolivia registra 514 incidentes de conflictividad social en los primeros cinco meses de 2025, impulsados por crisis económica y tensiones político-electorales

Bolivia ha experimentado un marcado aumento en la conflictividad social durante los primeros meses de 2025, con un registro de 514 incidentes entre enero y mayo. Diversos sectores, incluyendo comunidades urbanas, rurales y organizaciones campesinas, han manifestado sus demandas, principalmente impulsadas por la situación económica, las tensiones político-electorales y diversas reivindicaciones sociales.

Este ciclo de alta conflictividad se ha intensificado progresivamente desde el inicio del año, contrastando con los niveles relativamente bajos observados a finales de 2024, cuando se reportaron 51 conflictos en noviembre y 52 en diciembre. La escalada comenzó en enero con 87 incidentes, ascendiendo a 102 en febrero, 110 en marzo y 115 en abril, sumando 414 en total hasta ese mes. Aunque mayo mostró una leve disminución del 15% respecto al mes anterior, con 100 conflictos registrados, la intensidad general se mantuvo elevada.

La crisis económica ha sido el catalizador principal de estas movilizaciones, representando una proporción significativa de los conflictos, incluso en mayo. Las preocupaciones recurrentes incluyen la escasez de combustibles, la dificultad para acceder a divisas extranjeras y el incremento generalizado de los precios de productos esenciales. Esta situación ha generado un estado de alerta prolongada en el país.

Particularmente, en enero, las protestas se enfocaron en el desabastecimiento de diésel y gasolina, la falta de dólares y el encarecimiento de la canasta familiar, a lo que se sumaron las fricciones internas dentro del partido gobernante. El periodo de mayor intensidad se vivió entre febrero y marzo, con 212 conflictos, muchos de ellos protagonizados por sectores productivos como ganaderos, lecheros, panificadores y transportistas, quienes exigieron soluciones estructurales a la crisis. Durante estos meses, los niveles de confrontación alcanzaron picos significativos, derivando en choques entre grupos sociales y las fuerzas del orden, con un saldo de heridos y detenciones.

A pesar de constituir una menor proporción del total de incidentes –apenas el 5% hasta abril, con 27 casos–, los conflictos de naturaleza político-electoral han tenido un impacto considerable debido a su alta intensidad, su alcance geográfico y su potencial desestabilizador. Estos episodios han incluido enfrentamientos entre actores políticos, situaciones de toma de rehenes y ocupaciones forzosas de instituciones.

Los incidentes político-electorales se agrupan en tres categorías principales: las disputas internas dentro del Movimiento Al Socialismo, los cuestionamientos al proceso electoral —como la delimitación de circunscripciones, la habilitación de candidaturas o la independencia del Tribunal Supremo Electoral— y el malestar político generalizado, manifestado en el debilitamiento de representaciones locales, denuncias de persecución judicial y una sensación de exclusión. La raíz de esta conflictividad reside en la fractura interna del partido oficialista, donde las facciones han protagonizado no solo confrontaciones discursivas, sino también disputas por el control de estructuras partidarias, sindicales y territoriales, llegando incluso a la confrontación física.

En un contexto internacional, la situación de inestabilidad ha sido objeto de atención. Recientemente, durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, se expresó preocupación por cómo los recientes episodios de violencia podrían comprometer la realización pacífica y soberana de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto. Se subrayó la inquietud por la escalada de tensiones políticas y la desestabilización institucional, así como por el derecho fundamental de la ciudadanía a ejercer un voto libre, directo y soberano para determinar el futuro del país