La proliferación de vehículos particulares que operan como taxis sin la debida autorización ha generado una significativa inquietud entre los represen
La proliferación de vehículos particulares que operan como taxis sin la debida autorización ha generado una significativa inquietud entre los representantes de las juntas vecinales de Tarija. Esta situación, que se desarrolla sin un control efectivo por parte de la Dirección de Movilidad Urbana del Municipio ni de la Policía Boliviana, plantea serios desafíos en materia de seguridad y regulación del transporte.
Celestino Barro, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE), ha señalado que estos servicios informales representan un riesgo considerable para la seguridad de los ciudadanos. Al no estar afiliados ni registrados en ninguna organización o empresa de radiomóviles, el uso de estos transportes expone a los pasajeros a situaciones de vulnerabilidad, incluso poniendo en peligro su integridad física. Se han reportado incidentes graves, incluyendo agresiones a usuarios de estos vehículos sin garantía alguna.
Ante esta realidad, la Federación de Juntas Vecinales ha instado a la Dirección de Movilidad Urbana a intensificar los operativos de control en las principales arterias de la ciudad. La demanda incluye la aplicación de sanciones a aquellos conductores que no presenten su tarjeta de operaciones, con el fin de establecer un precedente frente a la expansión descontrolada de estos servicios de taxi no regulados.
A la problemática de la seguridad se suma la cuestión de las tarifas desproporcionadas. A pesar de la existencia de una Ley Municipal que establece una tarifa básica de 3.50 bolivianos, esta disposición no se cumple, ni siquiera por parte de los servicios de radiomóvil, y mucho menos por los taxis particulares. El dirigente vecinal ha detallado que los costos del servicio pueden ascender a 5 bolivianos para distancias cortas y entre 25 y 30 bolivianos para trayectos más largos, como el viaje a la nueva terminal o en horarios nocturnos. Adicionalmente, se ha observado un incremento en las tarifas aplicadas a los turistas.
Frente a estas irregularidades y abusos, la FEDJUVE ha solicitado la pronta puesta en marcha de la normativa conocida como Ley del Taxi Seguro. Esta ley, aprobada a principios de gestión por el Concejo Municipal, tiene como objetivo principal regular el servicio de taxis para asegurar la protección y la calidad del transporte público en la ciudad. El presidente de la FEDJUVE ha manifestado que, si bien la ley se encuentra actualmente en fase de reglamentación, las juntas vecinales buscarán ser incluidas en este proceso de socialización para agilizar su implementación y aplicación efectiva.
La proliferación de estos vehículos que operan de manera informal se atribuye en gran medida a factores económicos. La escasez de fuentes de empleo ha llevado a muchos propietarios de automóviles a generar sus propios ingresos para el sustento familiar. Sin embargo, esta situación también crea una competencia desigual para el sector formal del transporte, que sí cumple con sus obligaciones tributarias. La Federación de Juntas Vecinales ha aclarado que, si bien no se oponen a la generación de empleo, es fundamental que se cumplan los requisitos establecidos por las normativas vigentes, incluyendo la afiliación a una organización de transporte y la posesión de la tarjeta de operaciones correspondiente
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