Acciones Legales Contra Trabajadores de SEDECA por Protestas mientras Gobernación Enfrenta Orden Judicial de Reincorporación

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Acciones Legales Contra Trabajadores de SEDECA por Protestas mientras Gobernación Enfrenta Orden Judicial de Reincorporación

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La administración departamental ha iniciado acciones legales contra los trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) que participaron e

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La administración departamental ha iniciado acciones legales contra los trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) que participaron en las recientes protestas, las cuales tuvieron lugar el pasado lunes. La medida responde a la denuncia de impedimento en el ejercicio de funciones públicas, tras las movilizaciones que exigían la reincorporación laboral de los empleados.

Un representante de la extinta Dirección de Administración Vial (DAV) confirmó que se presentó una denuncia ante la instancia correspondiente por la interrupción de actividades, luego de que las instalaciones del SEDECA fueran ocupadas. El funcionario expresó su preocupación por lo que considera una injerencia de la dirigencia sindical en la definición de quiénes deben acceder a sus puestos de trabajo en la institución. En este contexto, subrayó que la gestión actual actuará en estricto apego a la normativa vigente y no tolerará acciones que se aparten de ella.

Paralelamente a este conflicto, un legislador por Tarija ha instado al gobernador departamental a cumplir con una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Dicha resolución judicial obliga a la gobernación a restablecer el SEDECA y, consecuentemente, a reintegrar a sus trabajadores.

El diputado ha criticado la gestión actual, atribuyendo a decisiones previas una serie de perjuicios económicos para la región. Según sus declaraciones, la disolución del Servicio Departamental de Caminos en 2022, mediante un decreto, ha provocado un desembolso considerable de recursos públicos. Se estima que ya se han erogado más de 10 millones de bolivianos en concepto de salarios devengados, y se anticipa que la reciente sentencia del TCP generará gastos adicionales.

Ante esta situación, el legislador ha anunciado que solicitará un informe oficial a la Gobernación para conocer el monto exacto de los recursos que se están destinando a subsanar las consecuencias de esta decisión administrativa

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