Pueblos Indígenas Aislados Frente a la Amenaza de la Minería de Tierras Raras en Bolivia y Paraguay

En las vastas extensiones boscosas del Chaco boliviano y la Chiquitanía habitan comunidades indígenas que han optado por vivir al margen de la sociedad mayoritaria. Se trata de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, cuya supervivencia se ve amenazada por una actividad creciente: la minería de tierras raras. Estos 17 elementos químicos, con propiedades magnéticas y electroquímicas únicas, son fundamentales para las tecnologías de energía renovable y los dispositivos digitales, impulsando su búsqueda en nombre de la transición energética global, pero sin considerar a quienes residen en estos territorios remotos.

Desde 2022, el Estado ha puesto en marcha proyectos de exploración de estos minerales tecnológicos en al menos 17 puntos del país. Estas iniciativas se localizan frecuentemente en áreas donde residen poblaciones indígenas particularmente vulnerables. La extracción de tierras raras, lejos de ser una alternativa sencilla, constituye una operación de gran escala y alta especialización que implica la remoción masiva de suelo. Esta actividad agrava las condiciones de vida de estos pueblos, cuyos entornos ya se encuentran deteriorados por la deforestación y los incendios forestales. Proyectos específicos en el Pantanal Chiquitano y cerca de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, ilustran esta expansión exploratoria, con reportes de avistamientos de grupos Ayoreo en aislamiento en las proximidades. Una preocupación fundamental es que estas actividades no parecen incorporar, ni en su planificación técnica ni política, la existencia de estas comunidades aisladas.

Aunque la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas, la ley de minería vigente, aprobada en 2014, exime de esta obligación a la fase de prospección, precisamente la etapa que se está impulsando actualmente. Esta situación refleja un patrón histórico: considerar los territorios indígenas principalmente como depósitos de recursos útiles para resolver crisis económicas o energéticas, sin ponderar las profundas implicaciones humanas y culturales de tales decisiones.

La amenaza no se limita a Bolivia. En el vecino Paraguay, donde también habitan comunidades Ayoreo, la situación es igualmente crítica. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento es, en esencia, una lucha por la vida misma. Estos grupos subsisten en los últimos reductos de bosques biodiversos capaces de sostener sus modos de vida tradicionales. Sin embargo, la presión sobre sus territorios ancestrales se ha intensificado de manera alarmante. Esta presión proviene de diversas fuentes, incluyendo la minería ilegal de oro, la tala no autorizada de madera y, más recientemente, la exploración de tierras raras. Estos territorios están siendo devastados por grupos que a menudo carecen de conocimientos técnicos o respeto ambiental, en ocasiones amparados por la inacción o incluso la complicidad estatal. Aunque existen leyes para proteger estos derechos, la voluntad política necesaria para su aplicación efectiva es a menudo deficiente.

Para revertir esta amenaza, se consideran fundamentales tres condiciones: el reconocimiento oficial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, la garantía de territorios extensos que aseguren su subsistencia, y sobre todo, la actuación consecuente con estos reconocimientos. No basta con afirmar su existencia o realizar estudios de campo. La cuestión central es asegurar su derecho a vivir según sus propias decisiones, proteger los territorios que habitan y evitar su invasión por intereses económicos externos.

El riesgo más grave, según observadores, es la desaparición silenciosa de pueblos enteros. Esta pérdida no ocurriría por violencia directa, sino por el desplazamiento forzado, la contaminación ambiental y la destrucción irreversible de su hábitat natural.

El reconocimiento legal, aunque insuficiente por sí solo, constituye un punto de partida crucial. Si bien la existencia de un pueblo en aislamiento no depende de un acto formal de reconocimiento, su protección efectiva sí lo hace. A nivel sudamericano, de un número considerable de registros de pueblos indígenas en aislamiento, solo una minoría significativa ha sido reconocida oficialmente por sus respectivos Estados. En Bolivia, apenas una decena de pueblos han recibido este reconocimiento formal como PIAV, a pesar de los reportes de presencia o avistamiento de otros grupos, como los Ayoreo en el Chaco y comunidades Chácobo y Tacana en la Amazonía del norte del país.

Las naciones indígenas claman por atención y respeto al derecho de sus hermanos aislados a vivir en paz. Garantizar este derecho es una responsabilidad compartida