La disputa entre la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo y el Gobierno boliviano por la exportación de soya pone en tela de juicio las pol
La disputa entre la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo y el Gobierno boliviano por la exportación de soya pone en tela de juicio las políticas comerciales del país.
La reciente autorización del Gobierno boliviano para exportar hasta 250 mil toneladas de grano de soya ha generado controversia con Anapo, que considera que esta medida perjudica a los productores locales en un momento crítico de la cosecha.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) manifestó su descontento con la reciente autorización del Gobierno para la exportación de hasta 250 mil toneladas de grano de soya. Según Anapo, esta medida llega en un momento inoportuno, ya que la cosecha de soya se encuentra en un avanzado estado, con un progreso del 90%, y la mayoría de los productores ya han vendido casi toda su producción en el mercado interno, perdiendo así la oportunidad de beneficiarse de mejores precios en el mercado internacional.
El gerente general de Anapo, Jaime Hernández, expresó su preocupación, señalando que esta decisión tendrá un impacto mínimo en los productores, especialmente en los pequeños. Hernández afirmó que la medida llega demasiado tarde, cuando ya no es posible negociar con base en las oportunidades de exportación, beneficiando únicamente a los acopiadores e intermediarios.
Por otro lado, el Gobierno defendió su decisión, destacando que las exportaciones de soya han alcanzado un valor significativamente mayor en los últimos años, llegando a los $us 682 millones entre 2021 y 2024. El viceministro de Comercio y Logística, Luis Miguel Murillo, enfatizó que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad alimentaria y negó que se esté perjudicando al sector productivo.
A pesar de que desde enero se tenía conocimiento de que la superficie sembrada de soya alcanzaba las 1,2 millones de hectáreas, con una proyección de al menos 3 millones de toneladas de grano, y que el mercado interno solo demanda alrededor de 800 mil toneladas, dejando un excedente exportable de aproximadamente 2 millones de toneladas, la liberación de exportaciones no fue una prioridad para el Gobierno. Anapo también señaló que la autorización para exportar está sujeta a requisitos administrativos que, aunque se presentan como mínimos, en la práctica generan trabas burocráticas que dificultan el proceso de exportación.
Según el viceministro Murillo, las exportaciones de soya de Bolivia han aumentado significativamente durante la gestión actual, superando los $us 682 millones entre 2021 y 2024, en comparación con los $us 46 millones registrados entre 2016 y 2020. Hasta el momento, la cosecha de soya en el país ha alcanzado el 80% de avance y se espera que la producción supere las 3 millones de toneladas, gracias a las mejoras en la productividad durante la campaña agrícola de verano 2024 – 2025, según informes de los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y de Desarrollo Rural y Tierras.
La disputa entre Anapo y el Gobierno por la exportación de soya en Bolivia refleja la complejidad de las políticas agrícolas y comerciales del país, así como la importancia de encontrar un equilibrio que beneficie a todos los actores involucrados.
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