El vicepresidente Edmundo Lara ha manifestado su preocupación respecto a la reciente Resolución Ministerial N° 245, que establece un régimen cambiario
El vicepresidente Edmundo Lara ha manifestado su preocupación respecto a la reciente Resolución Ministerial N° 245, que establece un régimen cambiario flexible en Bolivia. En un pronunciamiento escrito, Lara subrayó que esta medida podría tener consecuencias negativas para la economía del país, al advertir que liberar el tipo de cambio y permitir que el mercado determine la cotización del dólar sin un respaldo fiscal o institucional adecuado puede llevar a una devaluación de la moneda nacional y a una disminución del poder adquisitivo de la población.
Lara argumentó que Bolivia se encuentra en un momento económico crítico, uno de los más delicados en las últimas tres décadas. En este contexto, destacó que la escasez de dólares es un desafío que debe abordarse con responsabilidad y humanidad. A pesar de reconocer que un régimen cambiario flexible no es intrínsecamente bueno o malo, enfatizó que su efectividad depende de las condiciones económicas existentes. Según él, el país no cuenta actualmente con los elementos necesarios para implementar dicha transición.
Entre los factores de riesgo que identificó, Lara mencionó las reservas internacionales debilitadas y la escasez estructural de divisas, consecuencia directa de la caída en las exportaciones de gas. Además, señaló la elevada dependencia del país en cuanto a importaciones de bienes esenciales como combustibles, medicamentos, maquinaria y alimentos. En este sentido, advirtió que el aumento en los precios podría impactar directamente en el poder adquisitivo de las familias bolivianas, dado que los salarios y pensiones no están creciendo al mismo ritmo que los precios.
El vicepresidente fue contundente al afirmar: Sin disciplina fiscal, sin más dólares genuinos y sin confianza, el tipo de cambio flexible deja de ser estabilizador y se vuelve un acelerador de inflación e incertidumbre. Esta afirmación se basa en su análisis sobre cómo el incremento en la cotización del dólar podría trasladarse inmediatamente al costo de la canasta básica y elevar los gastos operativos para las empresas.
Para ilustrar sus preocupaciones sobre las posibles repercusiones negativas de esta política cambiaria, Lara citó ejemplos históricos de otros países como Zimbabue, Argentina (en 2018), Rusia (en 1998) y Turquía (entre 2021 y 2023), donde medidas similares fueron implementadas sin el respaldo fiscal e institucional necesario. Según él, estas experiencias demuestran que liberar el tipo de cambio sin una adecuada protección económica puede resultar en una rápida depreciación monetaria y afectar gravemente tanto a los ahorros ciudadanos como al tejido productivo del país.
Desde una perspectiva legal, Lara cuestionó también la legitimidad de la Resolución Ministerial N° 245 al señalar que la Ley N° 1670 del Banco Central establece claramente que solo este ente tiene la autoridad para administrar el régimen cambiario. Afirmó que el Ministerio de Economía ha excedido sus atribuciones al tomar esta decisión, lo cual califica como una usurpación de competencias.
En su discurso propositivo hacia el Gobierno, Lara sugirió medidas concretas como reducir el déficit fiscal y fomentar las exportaciones no tradicionales así como la sustitución estratégica de importaciones. También hizo hincapié en la necesidad de establecer mecanismos que protejan a la población del impacto negativo del ajuste cambiario sobre su poder adquisitivo, especialmente en lo referente a alimentos y medicamentos.
Finalmente, hizo un llamado a un sinceramiento con el pueblo, instando al Gobierno a comunicar claramente los riesgos y alcances asociados con esta nueva política cambiaria. Concluyó advirtiendo que si no se toman precauciones adecuadas, este régimen flexible podría convertirse simplemente en otro sinónimo de incertidumbre y eventual devaluación económica.
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