En un contexto de crisis financiera, los municipios de Tarija están explorando diversas alternativas para asegurar la continuidad de proyectos fundame
En un contexto de crisis financiera, los municipios de Tarija están explorando diversas alternativas para asegurar la continuidad de proyectos fundamentales en salud y gestión de residuos sólidos. La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y la Gobernación están trabajando conjuntamente para abordar la carencia de recursos económicos, que se ha convertido en un obstáculo significativo para el desarrollo de obras y servicios públicos.
La disminución de ingresos generados por la explotación de hidrocarburos, junto al aumento de los costos operativos y las crecientes demandas ciudadanas, han puesto a las instituciones públicas en una situación crítica. Ante esta realidad, tanto la AMT como la Gobernación han comenzado a buscar recursos en el ámbito internacional, incluyendo créditos y donaciones.
Ángel Aparicio, director ejecutivo de la AMT, destacó la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrecen organismos internacionales para obtener financiamiento. Una reciente gestión ha permitido la llegada de equipamiento médico donado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que beneficiará a once municipios del departamento sin generar costos adicionales para las arcas municipales. Este aporte representa una inversión cercana a los 5 millones de bolivianos, enfocada en mejorar la atención médica en áreas con escasa infraestructura y tecnología.
Además del sector salud, Aparicio mencionó que se están llevando a cabo gestiones para acceder a programas internacionales relacionados con el tratamiento de residuos sólidos. Esta problemática es especialmente urgente para muchos municipios tarijeños. En este sentido, alcaldes de localidades como Bermejo y El Puente tienen programadas reuniones con representantes de cooperación española y argentina para obtener financiamiento destinado a construir pequeñas plantas de tratamiento. Se estima que estos programas podrían canalizar hasta 3 millones de bolivianos por municipio, facilitando así soluciones que resultan complicadas de financiar con los recursos disponibles localmente.
El panorama económico ha llevado a las alcaldías a buscar fuentes alternativas para financiar sus operaciones, especialmente aquellas más pequeñas que dependen en gran medida del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otros ingresos tributarios que han disminuido notablemente en años recientes.
Por otro lado, la Gobernación también está buscando formas de aliviar su situación financiera. El secretario de Economía y Finanzas, Fernando Romero, informó sobre recientes negociaciones con el Gobierno Nacional que buscan revisar contratos existentes y renegociar condiciones con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La propuesta principal radica en reprogramar alrededor de 23 millones de bolivianos que deben pagarse entre julio y diciembre, permitiendo distribuir esos pagos mensualmente y evitar así tensiones financieras durante meses críticos.
Romero subrayó que no se trata de pedir perdón por la deuda o solicitar años adicionales sin pagos; más bien se busca un respiro financiero mediante una reestructuración viable. La Gobernación espera que se considere esta propuesta durante las evaluaciones técnicas del FNDR.
Además del enfoque inmediato en la reprogramación financiera, tanto la Gobernación como los municipios han coincidido en que una solución duradera debe implicar un debate renovado sobre el pacto fiscal. Este tema ha sido recurrente ya que muchas competencias nacionales han sido asumidas por los gobiernos departamentales sin el financiamiento adecuado. La falta del cumplimiento prometido en cuanto al 50/50 por parte del Gobierno ha dejado un vacío significativo en las finanzas regionales.
Romero adelantó su intención de abordar este asunto nuevamente durante una próxima reunión nacional entre gobernadores en Tarija. Se espera que se logre una posición unificada para exigir cambios en cómo se distribuyen los recursos entre diferentes niveles del Estado.
Uno de los puntos críticos es el reclamo por los 88 millones de bolivianos retenidos bajo la Ley 767 relacionada con el Fondo de Promoción para la Exploración y Explotación Hidrocarburífera. Entre 2016 y 2025, Tarija dejó de recibir aproximadamente esta cantidad debido a retenciones del 12% del IDH destinadas al mencionado fondo. Aunque hay propuestas legislativas actuales para devolver parte de esos recursos, desde la Gobernación consideran insuficiente lo planteado hasta ahora, ya que solo contempla restituciones correspondientes al año 2025.
El desafío es claro: tanto los municipios como la Gobernación están decididos a luchar por una mayor equidad en el acceso a recursos financieros y garantizar así una gestión pública eficiente que responda a las necesidades urgentes del departamento.
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