Las comunidades indígenas de Tarija y Chuquisaca están alzando la voz en torno al Proyecto Hidroeléctrico El Carrizal, una ambiciosa iniciativa que se
Las comunidades indígenas de Tarija y Chuquisaca están alzando la voz en torno al Proyecto Hidroeléctrico El Carrizal, una ambiciosa iniciativa que se proyecta sobre el río Camblaya, en el cañón del Pilaya. La presión sobre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se intensifica a medida que organizaciones cívicas, pueblos originarios y autoridades locales exigen información técnica exhaustiva sobre los impactos que esta megaobra podría tener en el medio ambiente, la economía y la vida social de las comunidades cercanas.
Con una inversión estimada en más de 1.300 millones de dólares y una capacidad para generar 360 megavatios de energía eléctrica, El Carrizal también contempla la implementación de sistemas de riego que beneficiarían a unas 90.000 hectáreas productivas. Sin embargo, a medida que el proyecto vuelve a ganar protagonismo en la agenda nacional tras un prolongado estancamiento, emergen preocupaciones sobre sus posibles efectos adversos en la cuenca del río Pilcomayo, vital para las comunidades indígenas que dependen de este recurso.
Desde Yacuiba, el presidente de la Casa Cívica, Gilberto Ponce, ha destacado que diversas instituciones están realizando un seguimiento continuo del proyecto debido a las inquietudes manifestadas por el pueblo indígena Weenhayek. La principal preocupación gira en torno a un posible impacto negativo en el caudal del río Pilcomayo, lo que podría afectar gravemente la pesca, actividad económica fundamental para muchas comunidades del Chaco.
Ponce ha formado una comisión defensora del Pilcomayo compuesta por profesionales de distintas áreas, quienes están recopilando información técnica para evaluar los verdaderos alcances del proyecto. Sin embargo, enfatizó la necesidad urgente de que ENDE presente oficialmente el estudio a diseño final en Villa Montes para poder contrastar los datos disponibles y determinar si la hidroeléctrica representa un riesgo real para el ecosistema o si contribuirá a una gestión más eficiente del agua.
Además, Ponce mencionó factores externos que influyen en el estado del Pilcomayo, señalando actividades realizadas en Argentina y Paraguay que podrían estar alterando el comportamiento natural del río y afectando la actividad pesquera dentro del territorio boliviano.
Por su parte, el pueblo Tapiete también ha expresado su preocupación respecto al proyecto. El asambleísta departamental José Luis Ferreira comunicó que están recopilando documentación e información técnica para comprender mejor los alcances de la obra. Ferreira subrayó que no se llevó a cabo una consulta adecuada con las comunidades indígenas durante las fases iniciales del diseño. Criticó la postura de ENDE al afirmar que ciertas comunidades no serían afectadas por la obra, argumentando que cualquier modificación en el régimen hídrico podría impactar directamente en el acceso al agua y los recursos pesqueros vitales para los pueblos indígenas.
El legislador alertó sobre cómo una disminución en el caudal podría interferir con la migración natural del sábalo y perturbar ecosistemas clave como el Bañado La Estrella, áreas ecológicas compartidas con Argentina y Paraguay. Actualmente, Ferreira indicó que existe un amplio rechazo hacia el proyecto debido a la falta de socialización y consulta previa adecuadas.
La Nación Guaraní también ha levantado su voz ante esta situación. Paulina Cuevas, mburuvicha de esta comunidad en Chuquisaca, manifestó su descontento por no haber sido informados ni consultados sobre un proyecto tan significativo. Cuevas expresó su preocupación por las repercusiones ambientales y sociales inherentes a grandes obras como esta. Si es una obra tan grande, tiene que socializarse con los pueblos que podrían verse afectados, afirmó con contundencia.
El clamor por mayor transparencia e inclusión se hace eco entre las comunidades indígenas mientras aumentan las presiones sobre ENDE para despejar las dudas respecto al Proyecto El Carrizal. Los Weenhayek han sido particularmente vocales; su representante Francisco Pérez Nazario ha exigido públicamente que tanto el Gobierno nacional como ENDE compartan toda la documentación relacionada con la iniciativa. Entre sus demandas se encuentran estudios de impacto ambiental detallados y planes concretos para mitigar cualquier daño potencial al ecosistema del Pilcomayo.
Con estas preocupaciones aún sin resolver, queda claro que cualquier alteración significativa en este sistema hídrico podría comprometer no solo los medios de subsistencia económicos de estas comunidades sino también su patrimonio cultural profundamente arraigado en su relación con el río Pilcomayo.
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