El ciclo de vigencia de la Ley 1670, que permitía el diferimiento de créditos, culminó el 6 de mayo de 2026, dejando a muchos prestatarios con una cre
El ciclo de vigencia de la Ley 1670, que permitía el diferimiento de créditos, culminó el 6 de mayo de 2026, dejando a muchos prestatarios con una creciente preocupación. Esta norma, que fue promulgada en noviembre de 2025 como respuesta a la crisis económica, ofreció a los usuarios la posibilidad de suspender temporalmente el pago de cuotas en ciertos préstamos. Sin embargo, tras la finalización de este beneficio, se ha evidenciado un incremento en las cuotas mensuales que han dejado a muchos prestatarios cuestionando cómo se ha implementado el cobro de las cuotas diferidas y pidiendo nuevas medidas que les brinden alivio financiero.
La Ley 1670 abarcaba únicamente créditos vigentes hasta el 30 de junio de 2025, dirigidos a viviendas de interés social y micro y pequeñas empresas. Permitía una suspensión máxima de seis meses en los pagos de capital e intereses, además de frenar embargos y ejecuciones judiciales relacionados con estos créditos. A pesar de estas medidas protectoras, los prestatarios comenzaron a notar un aumento en sus cuotas mensuales debido al prorrateo aplicado por las entidades financieras al reanudar los pagos.
En medio de esta situación, ha surgido un nuevo debate legislativo impulsado por la diputada Claudia Bilbao. Ella ha propuesto un proyecto que busca extender el diferimiento por tres meses más para los sectores más afectados por recientes conflictos sociales. Esta iniciativa nace con la intención de corregir los errores observados en procesos anteriores. Bilbao enfatizó que su propuesta tiene como objetivo evitar que se repitan las condiciones desfavorables que enfrentaron los prestatarios durante la pandemia.
La propuesta está destinada a trabajadores autónomos, gremiales y transportistas cuyos ingresos se han visto severamente afectados por bloqueos y parálisis económica en diversas regiones del país. La diputada argumenta que es esencial permitir que estos sectores puedan recuperar su estabilidad financiera sin enfrentar incrementos en sus tasas de interés.
Desde la Asociación de Prestatarios de Buena Fe en Tarija, se observa con preocupación el impacto negativo que tuvo la Ley 1670 sobre las finanzas familiares. Roberto Castillo, economista asesor del grupo, recordó que inicialmente se prometió que las cuotas no aumentarían tras el periodo de gracia; sin embargo, las entidades financieras comenzaron a aplicar ajustes mediante el prorrateo, lo cual ha llevado a incrementos significativos en las mensualidades.
Castillo ilustró esta situación con ejemplos concretos: prestatarios que antes pagaban 1.200 bolivianos ahora enfrentan cuotas superiores a 1.250 bolivianos. Este incremento afecta gravemente la economía familiar y genera incertidumbre sobre cuánto deberán pagar al final del período crediticio. En algunos casos extremos, las cuotas han aumentado entre 500 y 600 bolivianos y otros prestatarios han recibido nuevas tablas de pago con plazos extendidos considerablemente.
Ante este escenario, los prestatarios exigen cambios profundos en cualquier nueva legislación relacionada con el diferimiento. Castillo planteó que el concepto mismo debe implicar una congelación real del saldo del capital sin sumar intereses adicionales o cargos extra que podrían agravar aún más la situación financiera de las familias afectadas.
Asimismo, resaltó la necesidad de discutir no solo un nuevo periodo corto de tres meses sino también explorar opciones más amplias para reprogramar los créditos y así permitir a las familias y pequeñas empresas recuperar su estabilidad económica. Entre sus demandas está la posibilidad de reanudar pagos solo a partir del año 2027 bajo condiciones claras y definidas.
El economista también sugirió establecer una mesa técnica para discutir los términos precisos del nuevo proyecto legislativo donde conceptos como diferimiento, periodo de gracia y reprogramación sean claramente definidos para que los prestatarios puedan tomar decisiones informadas sobre sus opciones financieras. Castillo enfatizó que muchos beneficiarios actuales son aquellos que ya habían sufrido pérdidas significativas durante la pandemia y aún luchan por recuperarse económicamente.
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