Diputada Claudia Bilbao propone nuevo diferimiento de tres meses para sectores afectados por bloqueos

El cierre del diferimiento de créditos establecido por la Ley 1670 ha reabierto un importante debate sobre la necesidad de implementar nuevas medidas de alivio financiero. Esta ley, que estuvo en vigor desde noviembre de 2025 hasta el 6 de mayo de 2026, fue diseñada como una respuesta a la crisis económica que afectó a numerosos prestatarios. Permitió a los usuarios suspender temporalmente el pago de cuotas en préstamos destinados a la vivienda de interés social y a micro y pequeñas empresas. Sin embargo, al concluir este beneficio, muchos prestatarios se han encontrado con un aumento inesperado en sus cuotas mensuales debido al prorrateo aplicado por las entidades financieras, lo que contradice la promesa inicial de estabilidad.

La Ley 1670 contemplaba un periodo máximo de seis meses en el que se suspendían los pagos de capital, intereses y seguros, además de congelar embargos y ejecuciones judiciales relacionados con estos créditos. A pesar de estas disposiciones, los prestatarios han empezado a recibir facturas más elevadas una vez finalizado el periodo de gracia. Según los afectados, las entidades financieras han redistribuido los montos diferidos en las cuotas restantes, lo que ha llevado a un incremento significativo en los pagos mensuales.

Ante esta situación, la diputada Claudia Bilbao ha presentado un nuevo proyecto legislativo que busca ofrecer un diferimiento adicional de tres meses para aquellos sectores que han enfrentado bloqueos y paralizaciones económicas. La propuesta tiene como objetivo evitar errores del pasado y asegurar que los intereses no aumenten durante este nuevo periodo. Bilbao destacó que esta medida beneficiaría especialmente a trabajadores autónomos y transportistas cuyas fuentes de ingresos se han visto severamente afectadas.

Sin embargo, desde la Asociación de Prestatarios de Buena Fe en Tarija han expresado su preocupación ante la posibilidad de un nuevo diferimiento sin cambios sustanciales en su implementación. El economista Roberto Castillo, asesor del grupo, subrayó que el incremento en las cuotas ha sido alarmante para muchas familias. Por ejemplo, aquellos que pagaban alrededor de 1.200 bolivianos antes del diferimiento ahora enfrentan pagos mensuales superiores a 1.250 o incluso 1.260 bolivianos. Castillo argumentó que esto representa una carga adicional para las familias ya golpeadas por la crisis económica.

Los prestatarios también han señalado su falta de claridad sobre cómo se reestructuraron sus planes de amortización después del diferimiento. En algunos casos, los nuevos esquemas han prolongado los plazos originales de los créditos a niveles alarmantes. Las personas con créditos hipotecarios a 25 años se ven ahora con plazos similares a los iniciales después de haber pagado durante una década.

Frente a estas inquietudes, Castillo propuso que cualquier nuevo diferimiento debería incluir un congelamiento real del saldo del capital sin generar intereses adicionales ni incrementos posteriores en las cuotas. Además, sugirió que la discusión no debería limitarse solo a tres meses adicionales sino considerar mecanismos más amplios para reprogramar las obligaciones financieras, permitiendo así una recuperación efectiva para las familias y pequeñas empresas.

Finalmente, Castillo abogó por establecer una mesa técnica encargada de definir claramente qué significa cada término relacionado con el diferimiento y otros mecanismos financieros para garantizar que los prestatarios entiendan sus opciones y puedan tomar decisiones informadas sin temor a caer en incumplimientos futuros. La necesidad urgente por parte de muchos prestatarios es clara: requieren soluciones viables y sostenibles que les permitan recuperarse no solo del impacto reciente sino también del lastre dejado por la pandemia del COVID-19.