Asamblea de Tarija inicia evaluación interna y anuncia posibles acciones legales por daños económicos al Estado

A tan solo un mes de haber asumido sus funciones, las nuevas autoridades de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) han hecho un alarmante diagnóstico sobre el estado de la institución. Los legisladores han denunciado que se encuentran ante un escenario de desidia total que abarca desde mobiliario deteriorado hasta una preocupante falta de material básico para el trabajo legislativo. Esta situación ha obligado a los asambleístas a recurrir a sus propios recursos para llevar a cabo sus actividades.

Las quejas han surgido de diversas bancadas, todas coincidiendo en que la ALDT refleja un abandono administrativo que se ha acumulado a lo largo de varios años. La gestión anterior ha dejado muchas interrogantes sobre el uso adecuado de los recursos públicos, lo que ha llevado a las nuevas autoridades a iniciar una evaluación interna. Esta evaluación no solo busca identificar los problemas existentes, sino que podría derivar en acciones legales contra exautoridades o funcionarios responsables por daños económicos al Estado.

El jefe de bancada del partido Patria, Rodrigo Delgado, ha manifestado que el estado actual de la Asamblea es un reflejo claro de la crisis institucional vivida en el departamento en años recientes. Entre las primeras observaciones realizadas por las nuevas autoridades se destaca el lamentable estado del edificio, con infraestructuras que evidencian un mantenimiento deficiente durante gestiones pasadas. Nos hemos encontrado con oficinas totalmente deterioradas. No se ha realizado mantenimiento desde hace mucho tiempo y eso se nota en toda la estructura del edificio, afirmó Delgado.

Además, la asambleísta Gisela Derpic ha señalado que algunas oficinas aún conservan mensajes políticos pintados en las paredes desde gestiones anteriores, lo cual subraya aún más el poco cuidado que se tuvo con los bienes institucionales.

La situación no se limita al estado del edificio; también hay preocupaciones respecto al parque automotor de la Asamblea. Delgado relató que varios vehículos han sido encontrados en condiciones deplorables: algunos abandonados sin neumáticos ni baterías y otros dañados por roedores. “Encontramos vehículos con los asientos comidos por ratones porque permanecían guardados entre maleza”, comentó el legislador.

La falta de recursos básicos también es crítica. Delgado indicó que actualmente la Asamblea no cuenta ni con papel ni tinta para las impresoras, lo que complica las labores de fiscalización y gestión legislativa. En consecuencia, muchos asambleístas han tenido que financiar personalmente sus actividades diarias, una situación insostenible para cualquier institución pública.

El vicepresidente de la Asamblea, Andrés Segundo, añadió otro aspecto preocupante: la falta de personal administrativo debido a restricciones económicas. Esto ha llevado a una situación donde no se pueden cubrir vacantes esenciales y los funcionarios actuales deben asumir múltiples responsabilidades para mantener el funcionamiento mínimo del órgano legislativo.

Uno de los problemas más graves es la ausencia total de informes sobre el estado financiero y administrativo al momento de asumir funciones. Según Delgado, no hubo entrega formal de balances ni informes sobre ejecución presupuestaria por parte de la administración saliente. Esta falta de información está dificultando enormemente el establecimiento de un diagnóstico claro sobre la situación económica real y las obligaciones pendientes.

Ante este panorama desolador, los nuevos líderes han comenzado a elaborar un diagnóstico integral para identificar responsabilidades y definir medidas correctivas necesarias para restaurar el funcionamiento adecuado del organismo. Además, han advertido sobre posibles acciones legales contra quienes resulten responsables por irregularidades en el uso y administración de recursos públicos durante gestiones anteriores. La legislación boliviana establece que los delitos relacionados con daños económicos al Estado no prescriben, lo cual refuerza su compromiso con una investigación exhaustiva.