Los defensores del medio ambiente han alzado la voz en contra de un reciente acuerdo entre el Gobierno y el sector minero, advirtiendo que este pacto
Los defensores del medio ambiente han alzado la voz en contra de un reciente acuerdo entre el Gobierno y el sector minero, advirtiendo que este pacto podría poner en riesgo la integridad de áreas protegidas, así como los territorios indígenas. En particular, los activistas que luchan por la conservación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía han expresado su apoyo al manifiesto emitido por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). Este documento denuncia que el acuerdo suscrito con las organizaciones mineras amenaza con debilitar la protección de estos espacios vitales frente a la expansión de actividades extractivas.
Félix Choque, un destacado defensor de la Reserva Tariquía, subrayó que las organizaciones encargadas de salvaguardar esta área natural habían planeado emitir un pronunciamiento propio. Sin embargo, decidieron sumarse al manifiesto de CONTIOCAP, ya que consideran que el acuerdo compromete los derechos fundamentales de las comunidades que habitan estas reservas. Nos unimos al CONTIOCAP para rechazar este acuerdo porque están vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas, declaró Choque en una conversación con Erbol-Tarija.
Los activistas argumentan que las cláusulas acordadas entre el Gobierno y el sector minero no solo desprotegen áreas reservadas, sino que también amenazan ecosistemas delicados y afectan a comunidades enteras que dependen de estos territorios para su subsistencia. Esta situación ha generado una creciente preocupación entre quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos.
En un giro positivo para los defensores del medio ambiente, se conoció recientemente que el Tribunal Agroambiental ha declarado improcedente una recusación presentada por YPFB en relación con una pausa ambiental solicitada por la Defensoría del Pueblo. Esta decisión permite que el caso siga siendo tratado por el juez agroambiental en Entre Ríos, Tarija.
Barbarita Mesa, otra defensora clave de Tariquía, expresó su satisfacción con esta resolución judicial, destacando que el juez está familiarizado con las particularidades del área y las potenciales repercusiones del proyecto exploratorio Domo Oso X3, impulsado por Petrobras. Mesa enfatizó que el juez realizó una inspección ocular en el terreno afectado y pudo observar directamente los sitios donde se planea llevar a cabo obras relacionadas con la actividad hidrocarburífera.
Estamos muy contentos porque el Tribunal Agroambiental de Sucre le ha devuelto la competencia al juez de Entre Ríos. Él conoce el terreno, ha visto dónde se va a trabajar y cuáles pueden ser los impactos, afirmó Mesa. La activista expresó su esperanza en que las decisiones futuras se basen en criterios técnicos y ambientales sólidos.
La lucha por la defensa de Tariquía ha sido prolongada y ardua, extendiéndose por más de diez años a través de movilizaciones, cabildos abiertos, marchas y procedimientos judiciales con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, Mesa hizo un llamado a garantizar la protección efectiva de la Reserva Nacional y a priorizar la conservación ambiental sobre intereses extractivos. Son diez años de lucha y esperamos que se haga justicia y se actúe en honor a la verdad, concluyó con firmeza.
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