En medio de un contexto económico complicado, la diputada Karina Liebers ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley que busca liberar a l
En medio de un contexto económico complicado, la diputada Karina Liebers ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley que busca liberar a los niveles subnacionales de lo que ella califica como una confiscación de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Este proyecto se centra en abrogar la Ley 3302, que ha vinculado históricamente a las gobernaciones con el financiamiento de competencias que, según la legislación vigente, deberían ser asumidas por el gobierno central.
La situación financiera crítica que atraviesan las gobernaciones ha llevado a la Gobernación de Tarija a plantear una serie de solicitudes al Gobierno Nacional. Fernando Romero, secretario de Economía de Tarija, ha señalado que en su próximo encuentro con las autoridades nacionales se discutirán temas clave como la reprogramación de deudas y la cooperación financiera. Además, se busca la transferencia de entre 15 y 20 competencias del nivel departamental al central. Esta estrategia no solo pretende aliviar la carga financiera que enfrentan las gobernaciones, sino que también busca optimizar el uso de recursos en un periodo en el que las finanzas públicas están bajo presión.
Romero ha enfatizado que una serie de responsabilidades actualmente recae sobre la Gobernación, como el pago de prediarios para personas privadas de libertad y el financiamiento de ítems en salud, lo cual implica un gasto considerable dado el limitado ingreso mensual promedio de 20 millones de bolivianos por renta petrolera. Sin embargo, esta cifra está en constante riesgo debido a la caída en la producción de gas natural, lo que complica aún más el panorama financiero del departamento.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, ha explicado que existe un marco normativo preconstitucional que obliga a las gobernaciones a utilizar recursos del IDH para cubrir competencias del nivel central. En este sentido, sugiere que es esencial revertir esta situación mediante un nuevo proyecto legislativo que busque modificar estos lineamientos.
La propuesta presentada por Liebers busca derogar un artículo específico dentro de la Ley Nº 3302, norma vigente desde hace casi dos décadas y considerada obsoleta tras la implementación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009. Esta derogación permitiría deshacerse de una serie extensa de obligaciones impuestas a las gobernaciones y liberaría recursos para ser utilizados en áreas críticas como educación y salud.
La diputada argumenta que esta carga financiera no solo limita el presupuesto departamental sino también afecta gravemente la capacidad operativa y administrativa del gobierno local. Su propuesta se sustenta en los principios establecidos por la Constitución actual, que otorgan autonomía económica y administrativa a los gobiernos departamentales y establecen claramente qué competencias deben ser asumidas por cada nivel del Estado.
El contexto actual agrava aún más esta situación. La reciente caída en la producción hidrocarburífera ha llevado a una disminución significativa en los ingresos por regalías e IDH, lo cual repercute directamente en los presupuestos destinados a educación, salud y otros servicios esenciales. La diputada Liebers ha denunciado cómo esta legislación ha llevado a una confiscación sistemática de recursos destinados a los gobiernos autónomos.
Con miras hacia el futuro inmediato, Liebers también ha intentado socializar su iniciativa con otros gobernadores del país para obtener sus opiniones y enriquecer su propuesta antes de su presentación formal ante el Legislativo. La reunión programada para finales del mes tiene como objetivo alcanzar consensos sobre este tema tan crucial para el funcionamiento eficaz de los gobiernos departamentales.
Si finalmente se logra aprobar este proyecto legislativo, significaría un cambio radical en cómo se financian ciertas actividades actualmente cubiertas por las gobernaciones con recursos del IDH. Esto permitiría no solo redirigir esos fondos hacia competencias exclusivas definidas por la Constitución sino también poner fin a más de dos décadas bajo un esquema financiero desfavorable para los departamentos.
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