La Justicia boliviana decidió este viernes imponer una detención preventiva de cinco meses al ex gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronal
La Justicia boliviana decidió este viernes imponer una detención preventiva de cinco meses al ex gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, en el marco de una investigación que lo vincula a un presunto daño económico de 18,4 millones de bolivianos. Este caso se centra en la apertura de la polémica ruta aérea que conecta Viru Viru, en Santa Cruz, con La Habana, Cuba.
La resolución fue adoptada tras una extensa audiencia cautelar que se prolongó por más de cinco horas y que culminó con la decisión de recluir a Casso en el penal de San Antonio, ubicado en Cochabamba. La aprehensión del ex ejecutivo tuvo lugar el miércoles anterior como parte de una indagación impulsada por el Viceministerio de Transparencia, que ha formulado acusaciones en su contra por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes relacionados con la operación de esta ruta internacional.
El abogado defensor, Javier García, confirmó la medida judicial y explicó que se presentaron diversos argumentos para demostrar que no hubo daño económico durante la gestión de Casso al frente de BoA. “Vamos a ser respetuosos de las resoluciones. Acabo de hablar con mi patrocinado; él está seguramente molesto, pero fortalecido”, expresó García al concluir la audiencia.
Según los informes fiscales, se argumenta que la apertura de la ruta a La Habana generó pérdidas significativas debido a una baja demanda de pasajeros entre 2023 y 2024. Sin embargo, la defensa sostiene que durante el tiempo en que Casso estuvo a cargo, las operaciones incluso reportaron utilidades para la empresa estatal. “Han determinado que entre 2023 y 2024 no ha existido ningún daño económico y ha existido, por el contrario, utilidad para la empresa”, afirmó García.
La Fiscalía también ha ampliado su investigación hacia otros exmiembros del directorio de BoA que aprobaron la apertura de esta ruta internacional. Además, se encuentra bajo revisión el papel del exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, quien actualmente enfrenta detención preventiva por otro caso relacionado con supuestas irregularidades en una obra vial.
El fiscal Wálter Lora indicó que el objetivo es establecer las responsabilidades tanto administrativas como penales en las decisiones que llevaron a operar esta conexión aérea cuestionada. En este contexto, la defensa del exgerente adelantó que su traslado al penal cochabambino se llevaría a cabo el sábado y destacó que se consideró su estado de salud durante el desarrollo del proceso judicial.
La denuncia presentada por el Viceministerio detalla que entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 se utilizó un avión Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros para realizar vuelos sin contar con un informe técnico adecuado. Esta situación habría precipitado un perjuicio económico significativo. Se señala además que durante los dos años en los cuales operó esta ruta hacia La Habana, hubo ocasiones donde la demanda fue extremadamente baja; por ejemplo, el 30 de noviembre de 2023 solo viajaron 17 pasajeros y el 22 de febrero del año siguiente apenas 22.
Este caso representa un nuevo capítulo dentro del marco más amplio de investigaciones sobre presuntas irregularidades en empresas estatales bolivianas y pone bajo escrutinio la administración reciente de BoA, especialmente respecto a decisiones relacionadas con rutas internacionales señaladas como problemáticas por diferentes organismos reguladores.
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