TSJ condena el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure y exige justicia

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TSJ condena el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure y exige justicia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha manifestado su enérgico rechazo ante el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza, un h

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha manifestado su enérgico rechazo ante el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza, un hecho calificado como “cobarde y atroz” por la máxima autoridad judicial del país. En un comunicado oficial, la institución subraya que este crimen representa una “grave afrenta a la institucionalidad democrática”, reflejando así la preocupación por la seguridad de quienes ejercen funciones en el ámbito judicial.

El TSJ ha instado a las autoridades competentes a identificar y sancionar a los responsables de este acto violento. En su declaración, se expresa el profundo pesar por la pérdida de Claure Hinojoza, quien se desempeñaba como Decano del Tribunal Agroambiental. El comunicado resalta que su asesinato no solo es una tragedia personal, sino que también amenaza los cimientos del sistema judicial y la confianza pública en las instituciones.

El trágico suceso ocurrió la noche del jueves en Santa Cruz de la Sierra, específicamente en el cuarto anillo, cerca de la avenida Busch. Según informes iniciales, un sicario disparó contra el magistrado mientras se encontraba dentro de su vehículo. Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó del lugar junto con un cómplice en una motocicleta, lo que añade un elemento de preocupación sobre la impunidad y la seguridad en las calles.

La conmoción generada por este crimen ha resonado no solo en el ámbito judicial, sino también en la sociedad boliviana, donde se amplía el llamado a reforzar las medidas de seguridad para proteger a quienes trabajan en la administración de justicia. La rápida identificación y captura de los responsables se convierte ahora en una prioridad para garantizar que tales actos no queden impunes y para restaurar la confianza pública en el sistema legal del país.

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