Los legisladores de Tarija han tomado medidas decisivas para frenar el avance del proyecto Domo Oso X-3 (DMO X-3), ubicado en el cantón Chiquiacá, que
Los legisladores de Tarija han tomado medidas decisivas para frenar el avance del proyecto Domo Oso X-3 (DMO X-3), ubicado en el cantón Chiquiacá, que se enmarca dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Este movimiento surge tras múltiples observaciones técnicas y legales que han cuestionado la viabilidad del proyecto y su impacto ambiental. A través de un memorial presentado ante el Tribunal Agroambiental, los parlamentarios han solicitado una pausa ambiental definitiva, argumentando irregularidades en la categorización del proyecto y la falta de consulta previa a las comunidades afectadas.
En una conferencia de prensa, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, junto con la diputada Adriana Aguirre Castellanos y la secretaria técnica María Victoria Osorio, expusieron los resultados de una audiencia pública que arrojó preocupaciones sobre los riesgos asociados con el desarrollo del pozo. Corvera enfatizó que esta pausa no debe ser temporal ni parcial; debe ser definitiva hasta que se cuente con estudios concluyentes sobre el impacto real del proyecto en el medio ambiente. “La defensa de Tariquía no es una postura contra el desarrollo, sino a favor de la vida y los recursos naturales”, subrayó.
Entre las principales preocupaciones planteadas por los legisladores se encuentran irregularidades en la categorización ambiental del proyecto, así como posibles violaciones al derecho a la consulta previa. También han hecho hincapié en la necesidad de aplicar precedentes judiciales previos relacionados con la conservación del jaguar en la región. Estas denuncias no solo apuntan al proyecto mismo, sino que también involucran al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a quienes acusan de intentar reactivar el proyecto mediante tecnicismos que podrían ignorar las consideraciones ambientales.
El conflicto por Domo Oso X-3 ha tenido un complicado recorrido judicial. En el primer trimestre de 2026, una acción presentada por la Defensoría del Pueblo llevó este caso al Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, donde se ordenó una paralización temporal de las obras durante 30 días. Durante una inspección judicial, YPFB argumentó que el pozo estaba fuera de los límites de la reserva; sin embargo, defensores del medio ambiente denunciaron problemas relacionados con el saneamiento legal del terreno y disputas sobre su propiedad.
El rumbo del proceso cambió drásticamente hacia finales de marzo cuando la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental aceptó un recurso presentado por el Ministerio de Hidrocarburos y la Procuraduría General del Estado. Esta decisión resultó en el desplazamiento del juez encargado en Entre Ríos y trasladó el control del caso a Sucre. En este momento crucial, Roxana Chávez, presidenta del Tribunal Agroambiental, ha confirmado que el expediente será asignado a un magistrado relator que deberá tomar una decisión definitiva sobre si permitir o frenar las operaciones.
Desde la Procuraduría General, su titular Hugo León La Faye ha aclarado que su intervención no busca facilitar el ingreso de empresas petroleras a la reserva, sino cuestionar si corresponde al juez agroambiental pronunciarse sobre licencias ambientales, un asunto que consideran administrativo.
Mientras tanto, los comunarios de Tariquía han decidido expandir su resistencia más allá del ámbito local. Han iniciado una campaña nacional bajo el lema “Defender Tariquía es defender la vida”, llevando su mensaje a las principales ciudades del país. La Subcentral Campesina de Tariquía y el Comité de Defensa de Chiquiacá están organizando foros informativos en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba para concienciar sobre las amenazas que enfrenta esta reserva natural ante proyectos petroleros.
Estos encuentros se llevarán a cabo en universidades clave en cada ciudad entre finales de abril y principios de mayo. Con apoyo institucional y organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales como CEDIB y MIGEDIB, se busca informar al público sobre las implicaciones ambientales y sociales del avance petrolero.
Este conflicto revela una tensión estructural en Bolivia: por un lado está la necesidad urgente de reactivar la economía nacional mediante exploraciones hidrocarburíferas; por otro lado, está la imperiosa demanda social por preservar ecosistemas vitales para las futuras generaciones. El gobierno defiende estas exploraciones como esenciales para garantizar ingresos y seguridad energética; sin embargo, sectores cívicos y sociales advierten que los costos ambientales podrían ser irreversibles.
Recientemente, figuras políticas locales como el alcalde Johnny Torres y la nueva gobernadora María René Soruco han expresado su preocupación por este tema, insistiendo en que es fundamental respetar los procesos adecuados de consulta previa antes de cualquier incursión en áreas protegidas como lo es Tariquía.
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