Este domingo, Tarija se prepara para una nueva contienda electoral, donde se elegirán a las autoridades departamentales en un balotaje que marca la co
Este domingo, Tarija se prepara para una nueva contienda electoral, donde se elegirán a las autoridades departamentales en un balotaje que marca la continuidad de un proceso electoral que ha visto tres rondas consecutivas desde 2015. La figura central de este proceso es el gobernador, un cargo que ha sido ocupado anteriormente por Adrián Oliva y que ahora se disputa entre él y María René Soruco, representante de Camino Democrático al Cambio. Ambos candidatos tienen experiencia en la administración pública, pero enfrentan un panorama económico y social que difiere significativamente del que conocieron en sus gestiones anteriores.
La situación financiera de la Gobernación es preocupante. Los ingresos proyectados por renta petrolera para el año 2026 se estiman en 393 millones de bolivianos, compuestos por regalías, el Impuesto Específico a los Hidrocarburos y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Sin embargo, en los primeros meses del año, la recaudación ha sido un 30% inferior a lo esperado, lo cual podría agravar aún más la crisis económica que enfrenta el departamento.
La deuda acumulada por la Gobernación asciende a aproximadamente 955 millones de bolivianos. Esta cifra incluye 803 millones en obligaciones con entidades bancarias y financieras, siendo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional uno de los principales acreedores. Además, hay otros 124 millones vinculados a procesos judiciales que deberán ser saldados una vez que se emitan las órdenes correspondientes desde el ámbito judicial.
En cuanto a las condiciones sociales en Tarija, el panorama es igualmente sombrío. Un informe revela que el 21% de la población vive en condiciones de pobreza y apenas un 30,87% tiene sus necesidades básicas completamente satisfechas. En comparación con años anteriores, la deuda pública ha experimentado un aumento notable: mientras que a finales de la gestión de Lino Condori se calculaba entre 7.000 y 8.000 millones de bolivianos, para abril de 2021 esa cifra había escalado hasta los 3.198 millones.
Los ingresos propios generados por la Gobernación son bastante limitados; anualmente alcanzan entre 40 y 50 millones de bolivianos solo por conceptos como ventas de timbres y tasas administrativas. Esta dependencia casi exclusiva de la renta petrolera plantea serios desafíos para una gestión sostenible.
La estructura organizativa del gobierno departamental ha sufrido recortes significativos debido a la crisis financiera. Actualmente, cuenta con un total de 600 ítems laborales; de estos, 495 están destinados a diversas unidades dentro de la Gobernación, incluyendo organismos descentralizados como el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y otras instituciones encargadas del desarrollo social y económico.
En términos geográficos y demográficos, Tarija muestra signos claros de urbanización. Según datos del último censo poblacional, su población total asciende a 534.210 personas —264.496 hombres y 269.714 mujeres— con una notable presencia urbana que ha crecido considerablemente desde 2001. La población urbana aumentó de unos 247 mil habitantes en ese año a más de 370 mil proyectados para este año; sin embargo, el crecimiento rural ha dejado de ser significativo e incluso ha disminuido en términos absolutos.
El censo también revela preocupantes indicadores sobre la vivienda: entre las casi 199 mil viviendas registradas en Tarija, alrededor de 38 mil están vacías. La propiedad es mayoritaria entre los habitantes; el 69% vive en casas propias mientras que solo un 16% alquila.
El futuro inmediato para Tarija dependerá no solo del resultado electoral del domingo sino también de cómo los nuevos líderes enfrentarán estos retos económicos y sociales que han marcado un periodo complicado para esta región boliviana.
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