La reciente promulgación de la Ley 157 ha desatado un intenso debate en Bolivia, especialmente en regiones como Tarija y el Chaco, donde organizacione
La reciente promulgación de la Ley 157 ha desatado un intenso debate en Bolivia, especialmente en regiones como Tarija y el Chaco, donde organizaciones campesinas han comenzado a manifestar su oposición a la norma. Mientras el Gobierno nacional defiende la legislación como una medida destinada a dinamizar el crédito rural, los líderes campesinos alertan sobre el riesgo que representa para la pequeña propiedad.
La Ley 157 introduce modificaciones significativas al régimen de propiedad agraria establecido desde la Reforma Agraria de 1953, permitiendo que los pequeños propietarios transformen voluntariamente sus tierras en propiedades medianas o empresariales. Este cambio tiene como objetivo facilitar el acceso a financiamiento, pero ha generado inquietud entre sectores sociales que ven en esta flexibilización una amenaza a sus derechos.
El corazón de la controversia radica en que, bajo esta nueva normativa, las tierras clasificadas como pequeña propiedad —que históricamente han sido inembargables e indivisibles— podrían cambiar su estatus jurídico. Esto permitiría que estas tierras se usen como garantía hipotecaria ante entidades financieras. Desde el Gobierno se argumenta que esta medida busca liberar el potencial productivo del campo y facilitar a los productores el acceso a créditos formales con condiciones más favorables en comparación con el mercado informal.
A pesar de las intenciones expresadas por el Ejecutivo, muchos campesinos están en alerta. En Tarija, por ejemplo, Herber Quispe, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), ha manifestado una creciente preocupación entre las familias rurales, destacando que la inembargabilidad de la tierra es un derecho fundamental que ha protegido a los pequeños productores frente a crisis económicas y deudas. Quispe también cuestionó la falta de consulta previa en la aprobación de esta ley, algo que contraviene lo establecido por la Constitución Política del Estado.
René Rollano, exdirigente campesino del Chaco, también se ha pronunciado en contra de la norma. Asegura que tanto la Constitución como la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria ya garantizan que la pequeña propiedad sea indivisible e inembargable. Para él, no era necesario crear una ley nacional para permitir que pequeñas propiedades se conviertan en medianas con el fin de acceder a créditos financieros. Rollano opina que existen mecanismos suficientes dentro del marco legal vigente para fomentar el desarrollo productivo sin poner en riesgo las tierras.
El rechazo hacia la Ley 157 no se limita solo a Tarija; organizaciones nacionales como la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), y otras instituciones como CEJIS y Fundación Solón han expresado su preocupación por tres aspectos clave: el riesgo de concentración de tierras al facilitar su compra por actores económicos fuertes; la mercantilización del territorio al transformar las tierras en activos financieros; y las posibles consecuencias ambientales negativas derivadas del fomento a modelos agroindustriales intensivos.
En respuesta a estas críticas, el presidente Rodrigo Paz ha defendido con firmeza la Ley 157 durante diversos eventos públicos, argumentando que ha sido malinterpretada y utilizada con fines políticos. El mandatario subrayó que esta normativa no afecta las tierras comunitarias ni las reservas naturales y reafirmó su compromiso con el respeto a la propiedad privada y los títulos existentes. Paz insistió en que su objetivo es mejorar el acceso al crédito formal para evitar que los productores dependan de prestamistas informales.
Con estas posturas encontradas y un clima tenso entre distintos sectores sociales y el Gobierno, queda claro que el debate sobre la Ley 157 no solo está lejos de resolverse, sino que podría derivar en nuevas dinámicas socioeconómicas en las áreas rurales del país.
COMMENTS