El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha salido al paso de la controversia que rodea la suspensión de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha salido al paso de la controversia que rodea la suspensión de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, defendiendo su decisión con un argumento basado en la legalidad. En medio de una serie de cuestionamientos, el TSE ha presentado una explicación estructurada en seis puntos, reafirmando que la normativa electoral vigente les deja sin alternativas ante la declinatoria de participación de uno de los candidatos.
La institución sostiene que el Artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral es claro: si cualquiera de las fórmulas en contienda decide no participar en una segunda vuelta, esta no puede llevarse a cabo. Por lo tanto, el rechazo a la solicitud del partido NGP sobre la candidatura de René Yahuasi no solo sería inapropiado, sino que representaría un incumplimiento directo de las disposiciones legales.
A pesar de su firme postura, el TSE también ha reconocido que existen vacíos y contradicciones dentro del marco normativo actual. En este sentido, han anticipado que se impulsarán reformas a estas leyes una vez concluyan las elecciones subnacionales, buscando así mejorar el sistema electoral y evitar situaciones similares en el futuro.
En relación a las interrogantes planteadas por la ciudadanía y los medios, el TSE ha aclarado varios puntos clave. En primer lugar, afirmaron que NGP tiene todo el derecho a declinar su participación en la segunda vuelta, tal como lo establece la ley. Este proceso se formalizó a través de un documento notariado presentado por su delegado político acreditado, donde se comunicó que la decisión fue adoptada por unanimidad por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
Respecto a si el TSE tenía margen para no aceptar dicha solicitud, explicaron que están obligados a seguir el principio de legalidad. No aceptar la declinación habría implicado violar normas fundamentales y podría haber derivado en responsabilidades legales para el tribunal.
La rapidez con la que se tomó esta decisión también fue justificada por el TSE. La proximidad del balotaje programado para el 19 de abril exige una planificación meticulosa y oportuna para garantizar que todos los aspectos logísticos estén listos. Esto incluye desde la designación de jurados hasta la producción del material electoral necesario.
En cuanto a las interacciones entre el TSE y los candidatos individuales, dejaron claro que toda comunicación formal debe canalizarse a través de las organizaciones políticas y sus delegados acreditados. Esto asegura que todos los procedimientos se mantengan dentro del marco legal establecido.
Finalmente, aunque reconocen las deficiencias actuales en la normativa electoral, enfatizan que mientras estas leyes permanezcan vigentes, su cumplimiento es obligatorio. El presidente del TSE ha manifestado en ocasiones anteriores la necesidad urgente de reformas al sistema electoral y se comprometió a presentar propuestas concretas al respecto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional tras concluir las elecciones subnacionales.
El Tribunal Supremo Electoral reafirma así su compromiso con el ordenamiento jurídico vigente y con garantizar un proceso electoral transparente y legal, independientemente del desacuerdo que pueda existir respecto al contenido actual de las leyes.
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