Milton Ruiz Barea, propietario de un motorizado y vocero de un grupo de afectados por la gasolina contaminada en Tarija, ha denunciado una serie de di
Milton Ruiz Barea, propietario de un motorizado y vocero de un grupo de afectados por la gasolina contaminada en Tarija, ha denunciado una serie de dificultades en el proceso de resarcimiento establecido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). A pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos para recibir compensación por los daños causados a sus vehículos, los afectados han enfrentado constantes obstáculos al intentar cobrar el monto correspondiente.
Ruiz Barea comentó que él y otros damnificados han seguido las disposiciones publicadas por YPFB, pero hasta el momento no han logrado obtener ningún pago a través del sistema bancario. “Todos hemos hecho el trámite, al menos los que estamos acá”, aclaró, enfatizando que no se trata de una organización formal, sino de un grupo de personas que se han unido debido a un problema común: las consecuencias de la gasolina contaminada.
La frustración es palpable entre los afectados. Ruiz Barea lamentó que las respuestas que reciben ante sus solicitudes son evasivas. “Nos dicen que hemos puesto mal un número, que volvamos a hacer el trámite; también nos dicen que el reclamo no corresponde y que intentemos nuevamente”, explicó. A su juicio, las autoridades parecen estar eludiendo la responsabilidad en lugar de ofrecer soluciones concretas.
Además del grupo liderado por Ruiz Barea, otros sectores también se ven perjudicados por la situación. Los campesinos que dependen de sus vehículos para llevar a cabo sus labores agrícolas son otro ejemplo de cómo este problema afecta a diversos grupos dentro de la comunidad. En este contexto, se ha convocado a una reunión programada para este lunes donde se espera la participación no solo de los motorizados particulares, sino también de transportistas y campesinos.
Los vehículos dañados por la gasolina contaminada ahora permanecen en talleres debido a las severas averías sufridas. La magnitud del daño es considerable y muchos propietarios ignoran si alguno ha logrado recibir el resarcimiento económico necesario para cubrir los costos de reparación. En el caso particular de Ruiz Barea, estimó que la reparación puede alcanzar hasta 8 mil bolivianos, un gasto inesperado y complicado para muchos.
Los afectados buscan evitar llegar a situaciones extremas y presionar para obtener respuestas efectivas. Con 49 personas ya organizadas y conscientes de que el número total de damnificados es mucho mayor—especialmente entre los motociclistas—esperan ser escuchados por las autoridades nacionales en su próxima reunión con el Comité Cívico. El objetivo es encontrar soluciones adecuadas y justas para todos aquellos cuyas actividades se han visto interrumpidas por esta situación desafortunada.



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