El aeródromo Coloradillo, ubicado en el municipio de Warnes en el departamento de Santa Cruz, ha emergido como un punto neurálgico en una serie de inv
El aeródromo Coloradillo, ubicado en el municipio de Warnes en el departamento de Santa Cruz, ha emergido como un punto neurálgico en una serie de investigaciones relacionadas con actividades ilícitas que involucran desde ejecuciones hasta tráfico de drogas y lavado de dinero. Este predio, que cuenta con una pista de aproximadamente cinco kilómetros, ha sido objeto de múltiples operativos y pesquisas por parte de las autoridades bolivianas, debido a su presunta vinculación con una organización criminal liderada por el ciudadano uruguayo Sebastián Marset.
El primer incidente que puso bajo la lupa al aeródromo se registró a inicios del año 2023, cuando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) llevó a cabo un allanamiento en el lugar. La intervención surgió ante la sospecha fundada de que desde esta pista despegaban avionetas cargadas con cocaína, destinadas al tráfico internacional. Durante este operativo se mencionó la posible implicación de una empresaria local y un reconocido líder político del Movimiento al Socialismo (MAS) en Warnes, quienes negaron cualquier relación con la propiedad y solo colaboraron como testigos ante la Fiscalía. Este hecho evidenció la complejidad y el entramado social alrededor del aeródromo, donde actores políticos y económicos aparecen señalados sin pruebas concluyentes, pero bajo sospecha.
El segundo caso que volvió a centrar la atención sobre Coloradillo fue trágicamente emblemático: el secuestro y posterior ejecución del abogado Lorgio Saucedo en septiembre de 2025. Un video que circuló posteriormente mostró al profesional atado a una silla dentro del predio antes de ser asesinado a tiros. La investigación apuntó hacia Yerko Iriarte y otros tres jóvenes como responsables directos del crimen. En el teléfono móvil de Iriarte se encontró evidencia audiovisual del asesinato, aunque su defensa negó cualquier participación. Este proceso estuvo marcado por denuncias sobre irregularidades judiciales, especialmente cuando un juez otorgó detención domiciliaria a Iriarte durante diciembre del mismo año, lo que generó críticas por considerar que esta medida podría favorecer impunidad o entorpecer la investigación.
En medio del desarrollo del caso Saucedo, la Felcn realizó otro operativo en Coloradillo tras la captura de Iriarte y sus presuntos cómplices. Esta vez se encontraron con un contingente fuertemente armado compuesto por ciudadanos extranjeros que dispararon contra los agentes policiales antes de huir en vehículos de alta gama. Este enfrentamiento vinculó directamente a Sebastián Marset y a Yasser ‘Coco’ Vásquez, prófugo buscado por las autoridades y relacionado con una red criminal que también estuvo implicada en otro asesinato ocurrido en 2024: el homicidio del piloto José Carlos Jiménez. Los hallazgos posteriores incluyeron tres depósitos subterráneos camuflados para almacenar droga junto a un arsenal considerable de armas y explosivos dentro del predio.
El tercer episodio ocurrió poco después de la captura formal de Marset en marzo reciente. En esa ocasión, las fuerzas policiales descubrieron un verdadero arsenal bélico compuesto por armas de grueso calibre; al menos once avionetas; y diez vehículos lujosos algunos adaptados para enfrentamientos armados, incluyendo uno con blindaje nivel siete, considerado el más alto disponible para protección vehicular. Estos elementos reforzaron las tesis oficiales sobre el uso estratégico del aeródromo para operaciones ilegales vinculadas al narcotráfico internacional y lavado de activos hacia Estados Unidos y Europa.
A pesar de que los primeros casos no establecieron vínculos directos entre Marset y los hechos ocurridos en 2023 o 2024, las autoridades identifican un patrón operativo consistente: tras cada intervención policial se observaba un periodo temporal sin actividad ilícita aparente seguido por gestiones legales que permitían recuperar bienes incautados; posteriormente las operaciones clandestinas se reanudaban con renovada fuerza. Esta dinámica sugiere posibles complicidades o protección desde sectores internos o externos que facilitaron su continuidad.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, planteó públicamente que Sebastián Marset habría contado con protección a nivel alto dentro del aparato estatal o policial durante la gestión presidencial anterior encabezada por Luis Arce. Según Oviedo y el comandante general de la Policía Boliviana Mirko Sokol, existen investigaciones encaminadas a deslindar responsabilidades políticas o institucionales relacionadas con esta red criminal durante ese periodo.
Frente a estas acusaciones indirectas hacia el expresidente Luis Arce, su entorno rechazó categóricamente cualquier implicación o encubrimiento respecto a Marset o sus actividades ilícitas. Su abogado defensor subrayó que Arce negó rotundamente haber brindado protección alguna al uruguayo señalado y manifestó su disposición total para colaborar con las investigaciones judiciales correspondientes. Cabe destacar que Arce permanece actualmente bajo detención preventiva desde diciembre pasado debido a otro proceso judicial vinculado al desfalco en el Fondo Indígena.
Por último, el fiscal departamental Alberto Zeballos informó que continúan abiertas pesquisas para determinar si algunas personas vinculadas al narcotraficante formaban parte directa o indirecta del aparato público o si mantenían relaciones cercanas con funcionarios estatales. Esta línea investigativa busca esclarecer eventuales redes internas que pudieron facilitar las operaciones criminales desarrolladas desde el aeródromo Coloradillo.
En suma, los antecedentes acumulados evidencian cómo este aeródromo ha sido escenario recurrente no solo para actividades ilícitas relacionadas con drogas sino también para actos violentos graves como ejecuciones extrajudiciales vinculadas a disputas criminales internas. La complejidad del caso refleja desafíos estructurales importantes para las fuerzas del orden bolivianas ante organizaciones criminales sofisticadas que operan con altos niveles logísticos e influencias políticas o institucionales profundas. Las investigaciones continúan abiertas mientras crece la presión social y política para esclarecer responsabilidades e impedir nuevas actividades ilegales en esta zona estratégica cercana a Santa Cruz
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