La Fiscalía del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, ha presentado una acusación formal contra Sebastián Enrique Marset Cabrera, un ciudadano
La Fiscalía del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, ha presentado una acusación formal contra Sebastián Enrique Marset Cabrera, un ciudadano uruguayo identificado como el líder de una compleja red transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de millones de dólares derivados de esta actividad ilícita. El documento oficial, al que tuvo acceso EL DEBER, detalla la magnitud y el alcance internacional de las operaciones criminales que se le atribuyen a Marset, señalando su responsabilidad directa en la movilización y comercialización de toneladas de cocaína desde Sudamérica con destino a Europa.
La acusación describe a Marset como una pieza central en el entramado del narcotráfico internacional, responsable no solo del transporte físico de la droga sino también del manejo financiero posterior. Según el texto legal, la droga trasladada generaba ganancias millonarias en euros que eran luego introducidas en el sistema financiero global mediante sofisticados mecanismos para ocultar su origen ilícito. Este proceso implicaba la utilización de un entramado empresarial y financiero diseñado para simular actividades comerciales legítimas a fin de justificar transferencias internacionales y movimientos bancarios que encubrieran el dinero producto del narcotráfico.
Uno de los aspectos más relevantes que detalla la acusación es la estructura operativa que sustentaba esta red criminal. Federico Ezequiel Santoro Vasallo, un ciudadano paraguayo señalado como colaborador clave de Marset, aparece como un operador esencial en las maniobras financieras. Santoro facilitaba el movimiento transnacional del dinero ilícito, coordinando transferencias desde Europa hacia Sudamérica y otros destinos mediante métodos clandestinos para evadir controles financieros. La entrega de los fondos se realizaba frecuentemente en efectivo, incluso utilizando maletas abandonadas en espacios públicos para asegurar la discreción y dificultar su rastreo.
La red utilizaba al menos siete empresas fachada registradas en diferentes países. Estas entidades simulaban actividades comerciales diversas e independientes entre sí, sirviendo como vehículos para legitimar las transferencias internacionales mediante facturas falsas y documentación adulterada. La finalidad era insertar los fondos provenientes del narcotráfico dentro del sistema bancario formal sin levantar sospechas por parte de las autoridades financieras.
La investigación destaca además el uso estratégico del sistema bancario internacional para facilitar estas operaciones ilegales. Parte significativa del dinero se canalizaba a través de bancos corresponsales ubicados en Estados Unidos, con especial énfasis en transacciones que pasaban por servidores financieros situados en Richmond, Virginia. En un período inferior a cinco meses, Santoro habría supervisado transferencias por un monto mínimo de ocho millones de dólares vinculados al narcotráfico a través de estas instituciones financieras.
Un dato llamativo consignado en la acusación es que, durante enero de 2021, Marset estaba previsto recibir más de 17 millones de euros provenientes únicamente de un cargamento específico de cocaína. Él y Santoro organizaron la recaudación y lavado efectivo de al menos cinco millones de euros relacionados con esta operación, utilizando mayormente el sistema bancario estadounidense para dar apariencia legal a estos fondos.
El documento judicial también enfatiza que esta organización criminal no solo manejaba grandes sumas económicas sino que mantenía su estructura mediante amenazas explícitas de violencia. Estas medidas coercitivas tenían como objetivo proteger sus actividades ilícitas frente a posibles interferencias o denuncias, asegurando así la continuidad del tráfico y lavado sin interrupciones.
En términos generales, la red dirigida por Marset habría distribuido miles de kilogramos de cocaína con consecuencias económicas significativas derivadas del comercio ilegal. Los beneficios obtenidos eran sistemáticamente blanqueados mediante operaciones financieras internacionales diseñadas para ocultar su procedencia real ante los organismos reguladores y policiales.
Finalmente, las autoridades estadounidenses han incluido en el proceso una notificación formal referente al decomiso precautorio o confiscación. Esto implica que si se concreta una condena contra Marset y sus colaboradores, el gobierno podría proceder a incautar bienes materiales —como propiedades o capitales— vinculados directamente con las actividades criminales descritas en el expediente judicial. Esta medida busca no solo sancionar penalmente a los responsables sino también desmantelar económicamente sus estructuras ilícitas para evitar su reinversión o continuidad operativa.
En suma, esta acusación representa un paso importante dentro del combate internacional contra las redes criminales dedicadas al narcotráfico y lavado transnacional de dinero. Revela cómo operan estas organizaciones complejas que no solo trafican drogas sino que también diseñan sofisticados sistemas financieros para proteger sus ganancias ilegales frente a los controles globales. La relevancia pública reside en evidenciar los mecanismos detrás del narcotráfico internacional y subrayar los esfuerzos legales dirigidos a desarticular estas redes desde múltiples frentes judiciales y financieros
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