La reciente captura del narcotraficante Sebastián Marset ha destapado una compleja investigación sobre la posible complicidad de miembros de la Policí
La reciente captura del narcotraficante Sebastián Marset ha destapado una compleja investigación sobre la posible complicidad de miembros de la Policía Boliviana en la protección de esta organización criminal. El operativo que culminó con la detención del capo en Santa Cruz de la Sierra no solo ha permitido desarticular parte de su estructura, sino que ha puesto bajo la lupa a uniformados que podrían haber colaborado para facilitar sus actividades ilícitas.
El vicepresidente Edmand Lara fue uno de los primeros en señalar públicamente que Marset contaba con apoyo dentro de las filas policiales, incluso mencionando a un capitán como el intermediario entre el narco y altos mandos policiales. Esta denuncia ha generado una gran expectativa en torno a la transparencia y eficacia de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, ha expresado que será la Fiscalía quien determine si existen fundamentos para estas acusaciones, resaltando que hasta el momento no se dispone de pruebas concluyentes.
Esta situación cobra mayor relevancia si se considera que en julio de 2023 Marset logró fugarse poco antes de un operativo diseñado para su captura, hecho que ya había levantado sospechas sobre la posible filtración de información por parte de servidores públicos policiales. La fuga puso en evidencia fallas operativas y posibles complicidades internas, lo cual sigue siendo objeto de investigación. Marset incluso llegó a afirmar meses después que contaba con protección por parte de autoridades bolivianas, mencionando al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, aunque sin aportar evidencia concreta.
El general Sokol destacó que las pesquisas actuales podrían derivar en procesos penales y disciplinarios dentro de la institución policial, apuntando a una revisión interna rigurosa para identificar a quienes hayan vulnerado sus responsabilidades. En este sentido, uno de los aspectos más preocupantes es el hallazgo de un hangar en el municipio de Warnes que había sido requisado previamente en un operativo contra el narcotráfico pero seguía operando sin impedimentos. Este dato pone en tela de juicio no solo la vigilancia policial sino también posibles omisiones o negligencias en controles fundamentales para frenar estas actividades ilícitas.
La investigación también se extiende hacia otras instancias del Estado, buscando determinar si autoridades judiciales o del Ministerio Público podrían estar involucradas o haber facilitado esta red criminal. La profundidad y alcance del caso reflejan una problemática estructural que va más allá del caso individual y pone en evidencia desafíos importantes para el sistema boliviano en su lucha contra el narcotráfico.
En paralelo, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo ha señalado que Bolivia fue utilizada como base operativa por Marset debido a lo que describió como protección otorgada por el “anterior Gobierno”, lo cual habría generado un ambiente propicio para la impunidad y operación libre del narcotraficante. Esta acusación política añade otra capa al contexto del caso e invita a reflexionar sobre las políticas estatales previas y sus consecuencias directas en materia de seguridad nacional.
En definitiva, la captura de Sebastián Marset no solo representa un golpe significativo al narcotráfico en Bolivia sino también un llamado urgente a fortalecer los mecanismos internos para evitar infiltraciones y garantizar la integridad institucional. La sociedad boliviana espera resultados contundentes tanto en las investigaciones judiciales como administrativas para restaurar la confianza en las fuerzas del orden y asegurar que hechos similares no vuelvan a repetirse. Esta coyuntura marca un punto crítico para evaluar y reformar los controles internos dentro de las fuerzas policiales y otros organismos vinculados a la seguridad pública
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