Autoridades activan alerta migratoria contra exjefa de Aduana por caso escáneres

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Autoridades activan alerta migratoria contra exjefa de Aduana por caso escáneres

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La Fiscalía Departamental de La Paz ha intensificado las acciones legales contra Karina Serrudo, quien fuera presidenta ejecutiva de la Aduana Naciona

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La Fiscalía Departamental de La Paz ha intensificado las acciones legales contra Karina Serrudo, quien fuera presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra debido a una investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de escáneres para la institución. Ante la ausencia de Serrudo y su condición de prófuga, las autoridades activaron una alerta migratoria con el objetivo de determinar si la exfuncionaria ha abandonado el país.

El fiscal departamental Carlos Torrez detalló que se solicitó a la Dirección General de Migración verificar los movimientos migratorios recientes de Serrudo, buscando confirmar su paradero tras conocerse la orden judicial emitida a fines de febrero. Esta medida forma parte del proceso para evitar que la exdirectora evada la justicia y dificulte el avance en las pesquisas. Asimismo, no descartó que, en caso de constatarse su salida del territorio nacional, se recurra a mecanismos internacionales como Interpol para pedir cooperación en su búsqueda y captura.

La investigación que pesa sobre Serrudo está centrada en presuntas irregularidades relacionadas con contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas vinculadas a la compra de dos escáneres destinados al control aduanero. La Fiscalía fundamenta su decisión en riesgos procesales concretos, entre ellos la posibilidad de fuga y la potencial obstaculización del proceso judicial por parte de la exautoridad. Estas circunstancias motivaron la emisión temprana del mandamiento para asegurar su comparecencia ante los tribunales.

Además del caso principal, otras figuras vinculadas a esta compra han sido citadas por el Ministerio Público y sometidas a audiencias judiciales donde se aplicaron medidas cautelares. Dos exfuncionarios relacionados con el proceso fueron puestos bajo detención domiciliaria tras comprobarse indicios suficientes para considerarlos probables responsables en las irregularidades detectadas. Esta acción demuestra el alcance del caso y cómo ha permeado a varios niveles dentro de la estructura administrativa involucrada.

Los procesos legales contra Karina Serrudo no se limitan exclusivamente a las adquisiciones cuestionadas. Paralelamente enfrenta otra investigación por supuestas irregularidades en un proyecto edilicio destinado a un edificio institucional de la Aduana ubicado en Tarija. En este expediente también se dictaron medidas cautelares contra exresponsables del proyecto, evidenciando un patrón preocupante respecto al manejo administrativo durante su gestión.

Karina Serrudo asumió el cargo como presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional desde noviembre del 2020, durante el mandato del expresidente Luis Arce, y permaneció en esa posición hasta noviembre del 2025. Su trayectoria profesional es amplia dentro del ámbito tributario y aduanero; oriunda del departamento de Tarija y abogada de formación, ejerció previamente como gerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales en Sucre. Además, desempeñó funciones jurídicas relacionadas con cobranza coactiva y gestión tributaria dentro del sector público boliviano.

El desarrollo actual del caso tiene un impacto significativo para la población boliviana ya que involucra presuntas prácticas corruptas dentro de una institución clave para el control fiscal y aduanero del país. Las investigaciones buscan esclarecer si hubo malversación o manejo indebido de recursos públicos que pueden afectar no solo las finanzas estatales sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento normativo. La activación rápida y coordinada entre Fiscalía y autoridades migratorias refleja un esfuerzo por garantizar transparencia y justicia frente a posibles actos irregulares cometidos desde altos cargos públicos

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