A menos de un mes para la celebración de las elecciones subnacionales, el proceso electoral en Bolivia entra en su fase decisiva, marcada por una seri
A menos de un mes para la celebración de las elecciones subnacionales, el proceso electoral en Bolivia entra en su fase decisiva, marcada por una serie de actividades claves que definirán el rumbo de esta contienda política y la organización técnica que la sostiene. Con más de 7 millones de votantes convocados para renovar el poder territorial a nivel nacional, el calendario electoral articula tanto la competencia entre candidatos como la logística necesaria para garantizar la transparencia y normalidad del evento.
El próximo 22 de marzo, los ciudadanos bolivianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir a más de cinco mil autoridades distribuidas en distintos niveles del poder territorial. Entre los cargos a renovar se encuentran gobernadores, vicegobernadores, subgobernadores, corregidores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales y representantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. Esta amplia gama de autoridades refleja la complejidad del sistema político regional y local del país, que abarca desde instancias gubernamentales departamentales hasta municipios y regiones autónomas.
En este tramo final del proceso electoral, dos dimensiones principales se entrelazan: por un lado, la intensificación de la campaña política con debates y propaganda; por otro, el despliegue operativo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para asegurar el correcto funcionamiento de todas las mesas receptoras de sufragio. La etapa operativa comenzó con la designación y notificación de los jurados electorales. A nivel nacional fueron sorteados más de 200 mil ciudadanos para cumplir esta función esencial en las 33.439 mesas habilitadas en todo el país. Este procedimiento es fundamental para garantizar que cada mesa cuente con personal capacitado y comprometido con la transparencia del sufragio.
La notificación a los jurados electorales inició el 21 de febrero y se extenderá hasta el día mismo de las elecciones. Sin embargo, quienes hayan sido designados pueden presentar excusas justificadas ante los Tribunales Electorales Departamentales durante un plazo establecido entre el 23 de febrero y el 1 de marzo. Las causales contempladas por ley incluyen razones médicas como enfermedad comprobada o embarazo, situaciones imprevistas o fuerza mayor debidamente documentadas y el impedimento derivado del rol activo como candidato o dirigente político. Esta regulación busca equilibrar la carga operativa sin afectar los derechos políticos ni la salud o circunstancias personales.
Posteriormente, a partir del 2 de marzo comenzará la capacitación intensiva para estos jurados electorales, que se extenderá hasta el mismo día de votación. En departamentos como Santa Cruz se ha implementado una estrategia especial que incluye jornadas ampliadas en colegios e instituciones educativas para asegurar una preparación adecuada y eficiente. La formación busca dotar a quienes estarán en las mesas con todos los conocimientos necesarios sobre procedimientos electorales y manejo del material para evitar contratiempos durante la jornada.
Paralelamente al trabajo logístico, la campaña electoral avanza con fuerza mediante la difusión autorizada de propaganda política en medios masivos desde finales de febrero hasta mediados de marzo. En este ámbito se ha enfatizado una estricta normativa inclusiva: toda propaganda debe incluir lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva y respetar criterios vinculados a la equidad de género. Esto responde al compromiso institucional por garantizar que toda la población pueda acceder a información electoral sin exclusiones ni discriminación.
Los actos públicos vinculados a campañas también están permitidos hasta el 18 de marzo; después se inicia un período conocido como “silencio electoral” que prohíbe cualquier manifestación o difusión que pueda influir en la intención del voto. Este silencio comienza cinco días antes de los comicios e impide divulgar encuestas o contenidos partidarios que puedan favorecer o perjudicar candidaturas específicas. La medida apunta a preservar un ambiente imparcial durante las horas previas a la elección.
En cuanto a las candidaturas mismas, este último mes es crucial para resolver situaciones pendientes relacionadas con inhabilitaciones o sustituciones. El plazo para presentar demandas contra postulaciones estará abierto hasta el 7 de marzo mientras que el período ordinario para reemplazos se extiende hasta casi finalizar marzo. Además existe un lapso excepcional para cambios derivados por motivos imprevistos graves como fallecimientos o incapacidades permanentes entre candidatos ya inscritos.
Uno de los eventos destacados previstos es la realización simultánea en todos los departamentos del país de debates regionales entre aspirantes a cargos públicos. Aunque no son obligatorios según ley, las autoridades electorales han insistido en su importancia democrática como espacios donde los candidatos deben confrontar propuestas y fortalecer un voto informado entre electores. Se organizarán diecinueve debates nacionales: nueve destinados a gobernaciones, nueve enfocados en alcaldías capitalinas y uno especial en El Alto. Los encuentros tendrán lugar principalmente los días 8 y 15 de marzo y serán coordinados directamente por el OEP.
En materia organizativa también se prevén pasos decisivos: poco antes del día electivo se publicará oficialmente dónde estarán ubicadas cada una de las mesas receptoras —con detalles sobre recintos y asientos— mientras que días después se dará a conocer dónde se realizará el conteo departamental oficial. Finalmente, al comenzar la jornada electoral será entregado formalmente el mando operativo sobre seguridad pública al Tribunal Supremo Electoral junto con los tribunales departamentales correspondientes; esta acción otorga control absoluto sobre resguardo logístico y vigilancia dentro y alrededor de centros electorales.
Por otro lado, cabe destacar que recientemente el Gobierno autorizó un incremento presupuestario cercano a Bs 26 millones destinado exclusivamente al proceso subnacional mediante un decreto supremo vigente desde mediados febrero. Estos recursos adicionales están orientados fundamentalmente al pago por consultorías especializadas relacionadas con organización técnica electoral así como asesorías individuales vía plataformas digitales; todo ello financiado internamente mediante reasignaciones presupuestarias dentro del Tesoro General Nacional.
La relevancia política e institucional que tienen estas elecciones radica en que definirán no solo autoridades ejecutivas sino también legislativas locales representativas tanto territoriales como poblacionales e indígenas originarios campesinos además del pueblo afroboliviano —grupos sociales reconocidos constitucionalmente— fortaleciendo así mecanismos democráticos pluriculturales propios del Estado plurinacional boliviano.
A nivel departamental serán elegidos nueve gobernadores junto con sus vicegobernadores; algunas regiones contarán además con subgobernadores y corregidores específicos según normativas regionales propias (por ejemplo Beni). Las asambleas departamentales sumarán más de ciento setenta representantes incluyendo titulares y suplentes distribuidos según criterios territoriales poblacionales e indígenas originarios campesinos.
En regiones autónomas como Gran Chaco (Tarija), además del ejecutivo regional se elegirán cargos adicionales vinculados al desarrollo territorial acompañado por doce asambleístas regionales categorizados igualmente según territorio población e indígenas originarios campesinos.
El ámbito municipal tampoco queda fuera: serán electos más trescientos alcaldes junto con más dos mil concejales titulares además representantes indígenas originarios campesinos afrobolivianos completando así un mapa político complejo donde convergen múltiples niveles administrativos con diversidad social cultural recogida mediante representación directa.
Este proceso implicará una gran movilización ciudadana junto con retos organizativos significativos debido al volumen elevado tanto en cantidad como diversidad geográfica demográfica cultural administrativa lo cual explica porque su presupuesto supera ampliamente al destinado años atrás para elecciones generales realizadas meses atrás.
Así pues, estas elecciones subnacionales constituyen una oportunidad crucial para renovar liderazgos políticos locales regionales reforzando estructuras democráticas descentralizadas propias del país; simultáneamente ponen a prueba capacidades técnicas organizativas institucionales nacionales encargadas garantizar legalidad transparencia imparcialidad seguridad todo ello garantizando respeto pleno derechos políticos ciudadanos convocados participar activamente definiendo futuro inmediato sus comunidades territorios municipios departamentos regiones autónomas bajo principios constitucionales vigentes desde hace más una década
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