La situación política en Tarija se ha visto sacudida por la reciente inhabilitación del candidato a gobernador Mario Cossío Cortez, una medida que ha
La situación política en Tarija se ha visto sacudida por la reciente inhabilitación del candidato a gobernador Mario Cossío Cortez, una medida que ha generado una fuerte polémica y movilización social. Cossío, quien contaba con el respaldo de la agrupación Camino Democrático al Cambio (CDC), fue oficialmente notificado en La Paz sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que le impide continuar en la carrera electoral. Esta resolución ha sido interpretada por su equipo y seguidores como una maniobra que atenta contra los principios democráticos no solo de Tarija, sino del país en general.
El candidato, tras encabezar una marcha de protesta contra la resolución de inhabilitación, se trasladó a la sede administrativa para recibir formalmente la notificación y evaluar las alternativas legales que permitan revertir esta situación. En este contexto, sus representantes han anunciado que interpondrán un recurso de Amparo Constitucional contra los vocales del TSE responsables de la decisión. Esta acción busca proteger los derechos vulnerados en el proceso electoral, especialmente considerando que existen antecedentes y argumentos constitucionales que respaldan la postulación de Cossío.
El vocero oficial de CDC, Luis Pedraza, explicó que aunque el recurso de Amparo Constitucional es una vía privilegiada para defender al candidato, también están siendo evaluadas otras acciones legales contempladas en la Constitución y el reglamento electoral. Entre estas opciones figura la acción de cumplimiento al reglamento electoral, que podría ser utilizada para cuestionar aspectos técnicos o procedimentales relacionados con la inhabilitación. Esta estrategia refleja la determinación del equipo legal de agotar todas las posibilidades para garantizar el derecho a participar en las elecciones.
Uno de los puntos clave en esta controversia es el requisito constitucional referente a la residencia mínima de dos años para habilitarse como candidato. La Constitución establece dos excepciones a esta norma: una dirigida a repatriados que puedan demostrar certificación de refugio en otro Estado y otra para quienes residan en una circunscripción diferente. Según los defensores de Cossío, ambas excepciones aplican en su caso, lo cual refuerza su argumento sobre su legitimidad para postularse.
En contraste con la decisión del TSE, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija había mantenido previamente su postura favorable hacia Cossío. El presidente del TED, Carlos Lema Bacarreza, confirmó que esta instancia consideró legalmente habilitado al candidato tras evaluar las circunstancias presentadas. Sin embargo, destacó que no habían recibido notificación oficial sobre la resolución del TSE cuando se pronunciaron públicamente. Esta falta de comunicación formal entre órganos electorales agrega un nivel adicional de complejidad al proceso y alimenta las dudas sobre la coordinación institucional.
La vicepresidenta del TED, Adriana Flores Alconz, informó además sobre el desarrollo normal del calendario electoral local, enfatizando el sorteo realizado para designar a más de diez mil jurados electorales que estarán distribuidos en casi 1.800 mesas de sufragio. Este operativo apunta a asegurar el cumplimiento adecuado del proceso electoral previsto para el 22 de marzo próximo. Flores recordó también que los jurados podrán presentar excusas justificadas dentro del plazo establecido tras ser notificados.
Este episodio pone en evidencia las tensiones existentes entre diferentes instancias electorales y los desafíos institucionales para garantizar procesos transparentes y equitativos. La inhabilitación de un candidato con respaldo popular genera incertidumbre entre los votantes y puede afectar la percepción ciudadana sobre la integridad democrática en Tarija. A medida que se desarrollen las acciones legales anunciadas por CDC y se conozcan nuevas resoluciones al respecto, será fundamental observar cómo se resuelve este conflicto y qué impacto tendrá sobre el clima político regional.
En definitiva, lo ocurrido con Mario Cossío Cortez trasciende un mero trámite administrativo; representa un punto crítico para entender las dinámicas políticas locales y nacionales vinculadas con el respeto a los derechos electorales y el funcionamiento del sistema democrático. La población tarijeña sigue atenta al desenlace judicial y administrativo mientras se acerca una jornada electoral marcada por estas controversias que podrían modificar sustancialmente el panorama político departamental




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