Fiscalía confirma alerta migratoria para Gladys Achacollo tras orden de aprehensión

La Fiscalía de La Paz ha intensificado las acciones legales en el marco del caso que involucra un millonario desfalco al Fondo Indígena, confirmando que, tras emitir una orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras durante la administración de Evo Morales, se ha activado una alerta migratoria para evitar que la investigada abandone el país. Esta medida busca asegurar la presencia de Achacollo en el proceso judicial y garantizar que responda ante las acusaciones que se le imputan.

El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, detalló que la alerta migratoria es parte de un conjunto de estrategias adoptadas por la comisión de fiscales encargada del proceso para mantener el control sobre la situación legal de la exministra. Según los reportes oficiales, Achacollo permanece dentro del territorio nacional, lo cual facilita el seguimiento judicial y operativo para su detención.

Cabe destacar que Nemesia Achacollo fue citada en dos ocasiones para prestar declaración en calidad de sindicada dentro del proceso penal. Sin embargo, en ambas oportunidades no se presentó ante las autoridades. En el primer llamado, justificó su ausencia mediante un certificado médico emitido por un profesional particular. No obstante, ante esta situación, el Ministerio Público tomó la iniciativa de enviar a un médico forense para evaluar su estado físico y determinar si estaba apta para comparecer ante los fiscales. El dictamen forense concluyó que Achacollo estaba en condiciones físicas adecuadas para presentarse.

La negativa o falta de respuesta por parte de Achacollo ha llevado a que la comisión investigadora en conjunto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) coordinen esfuerzos para ejecutar la orden de captura emitida contra ella. Esta coordinación entre organismos busca asegurar el cumplimiento efectivo del mandato judicial y evitar que se dilate más el avance del proceso.

El caso tiene como eje central diversas irregularidades detectadas en proyectos vinculados al Fondo Indígena, donde se identificó un daño económico al Estado boliviano estimado en 325 millones de bolivianos. Este fondo estaba destinado a apoyar a comunidades indígenas y campesinas mediante programas productivos y sociales, por lo que las irregularidades representan no solo un perjuicio económico sino también una afectación directa a sectores vulnerables.

Además de Nemesia Achacollo, otras figuras políticas también están involucradas en este proceso judicial. Entre ellas se encuentran la exdiputada Lidia Patty y Luis Arce Catacora, quien actualmente ocupa cargos importantes pero que en ese periodo fungía como ministro de Economía y Finanzas. Ambos se encuentran con detención preventiva mientras se sigue avanzando en las investigaciones relacionadas con el desfalco al Fondo Indígena.

El fiscal Cardozo señaló igualmente que existen otros mandamientos de aprehensión pendientes por ejecutar por parte de la Policía Boliviana en los próximos días. Esto indica que todavía hay personas bajo investigación directa o indirecta por este caso y reflejan la complejidad y profundidad del entramado irregular descubierto.

En términos generales, estas acciones reflejan un esfuerzo sostenido por parte del Ministerio Público para esclarecer los hechos relacionados con uno de los casos más emblemáticos sobre corrupción y malversación de recursos públicos destinados a sectores vulnerables. La persecución penal contra exfuncionarios públicos vinculados a este caso responde a una demanda social creciente por transparencia y justicia frente a actos ilícitos cometidos desde cargos oficiales.

Para la población involucrada, especialmente las comunidades indígenas afectadas por esta situación, este proceso representa una oportunidad crucial para recuperar recursos malversados y restaurar la confianza en las instituciones estatales encargadas del desarrollo social. Asimismo, subraya la importancia del control ciudadano y judicial sobre los fondos públicos destinados a programas sociales estratégicos.

En conclusión, mientras continúa avanzando el proceso penal contra Nemesia Achacollo y otros implicados, las medidas adoptadas como la alerta migratoria y las órdenes de captura buscan garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Este caso seguirá siendo objeto de atención pública debido a su impacto político, social y económico dentro del país